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Source: 
http://www.iiav.nl/european-womenaction-2000/countries/reports/spain1.html

Plan alternativo a la respuesta del Gobierno español al cuestionario de la ONU, BEIJING + 5

Introducción

 

La aportación de las ONG's de expertas españolas a la reunión regional de la ECE (Comisión Económica para Europa) que servirá a su vez para preparar la sesión especial que convocará la Asamblea General de la ONU en junio de 2000 para evaluar los progresos logrados en la implementación de las "Estrategias de avance para las mujeres, Nairobi" y de la "Plataforma de Acción de Beijing", se ha plasmado en este documento elaborado conjuntamente y que se organiza en tres capítulos.

 

  1. Nuevo Contrato Social entre mujeres y hombres. En los últimos años, el movimiento de mujeres español ha venido trabajando en la elaboración de un nuevo contrato de género que hemos denominado Nuevo Contrato Social entre Mujeres y Hombres. Se basa en la búsqueda de un nuevo modelo de organización social que sustituya la antigua división del mundo en dos mitades excluyentes (hombre: trabajo remunerado, responsabilidad económica y participación política y ciudadana; frente a mujer: trabajo doméstico y responsabilidad familiar). El resultado del trabajo de un amplio grupo de expertas se publicó como libro en 1997, contando ya con la adhesión de numerosas personalidades del mundo de la política, cultura, economía etc. , ONG's y entidades sociales que desarrollan su trabajo en diversos ámbitos. Este texto inicial se ha ido enriqueciendo gracias a la labor de reflexión y debate impulsada desde las organizaciones de mujeres mediante la organización de seminarios, coloquios y jornadas a lo largo de todo el país. En la actualidad, continuamos inmersas en esta labor de profundización que nos permita ir avanzando en la búsqueda de respuestas a los problemas que nos plantea el final del milenio, de hacer posible un futuro en el que logremos que la exclusión sea sustituida por la participación y en el que hombres y mujeres podamos compartir nuestras vidas, compartiendo el trabajo, el poder y el cuidado de quienes nos rodean.

     

  2. Evaluación crítica global de la respuesta presentada por el gobierno español en abril de este año al cuestionario de la División de la ONU para conocer el avance de las mujeres en cuanto a la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing, señalando las carencias e inexactitudes y el impacto de las medidas adoptadas en este periodo de tiempo.

     

  3. Propuestas y medidas aportadas por las ONG's de expertas de acuerdo con los objetivos estratégicos definidos por áreas para la Plataforma de Acción de Beijing, tratando de identificar temas emergentes, buscando patrones, proponiendo como ejemplos buenas prácticas de eficacia probada y haciendo recomendaciones para seguir adelante en la lucha por la igualdad de oportunidades de las mujeres.

 

I. Nuevo Contrato Social entre mujeres y hombres

 

Aceptando que el inicio del cambio en la situación de las mujeres tiene su origen hace más de dos siglos, ha sido la segunda mitad del XX el escenario temporal en el que los cambios se han acelerado sustancialmente. Igual que la globalización de la economía, la revolución tecnológica o el desarrollo de los medios de comunicación son datos de partida para entender la realidad de este fin de milenio, las variaciones en los patrones de natalidad, en la estructura familiar, en el mercado laboral y hasta en la fisonomía de las ciudades son hoy hechos ineludibles y en buena parte consecuencia de los cambios protagonizados por las mujeres. Esto nos obliga a considerar el género como una variable determinante en cualquier esfuerzo para avanzar perspectivas de futuro.

Es evidente que aunque las mujeres somos iguales que los hombres en inteligencia, en voluntad y en capacidad de trabajo, las desigualdades entre los sexos son constatables aún en la sociedad española actual, y la razón es que esta sociedad continúa sin ofrecer las mismas oportunidades a hombres y mujeres.

Pese a los logros conseguidos, las mujeres hemos sido relegadas, hasta hace unas décadas a un papel subordinado. La organización de la sociedad en el pasado se asentó en un modelo, un contrato oculto o no escrito entre hombres y mujeres, basado en lo que feminismo y marxismo coincidieron en denominar división sexual del trabajo y que describía un sistema organizativo y de producción con asignación de papeles diferentes a hombres y mujeres. Los hombres detentaban el monopolio de lo público, trabajaban por un salario o unos beneficios y desempeñaban los puestos que en la organización social suponen responsabilidad, toma de decisiones y poder. Las mujeres, en cambio, vivían y se dedicaban al ámbito privado de la familia, las tareas domésticas o el cuidado de las personas dependientes.

En los últimos años se han producido muchos cambios y este viejo modelo, que podemos considerar como un contrato social implícito, está en crisis y tiene muchas y serias fisuras. La división del mundo en dos mitades ya no sirve, este modelo ha perdido racionalidad a medida que la sociedad va cambiando y surgen problemas y disfunciones que afectan al conjunto de la sociedad. Las mujeres estamos modificando nuestra parte de este contrato social implícito sin que los hombres lo hagan también y sin que cambien las condiciones del contexto en el que se sitúa la relación entre los dos sexos.

Se han producido muchos cambios en las leyes, en el acceso a la educación, en el empleo, en la participación en la cultura e incluso en la presencia de las mujeres en la política. Sin embargo en muchos aspectos de la vida cotidiana, pública y privada, las cosas siguen funcionando como si la antigua división de tareas fuera un orden natural inalterable.

Pero el viejo modelo ya no sirve, no sirve la antigua división del mundo en dos mitades excluyentes. Se trata ahora de plantear una alternativa, de buscar soluciones relacionadas con una distribución más igualitaria de los tiempos y los espacios, se trata en definitiva de que ambos sexos, que ya comparten en buena medida los niveles de formación y cualificación, compartan también el trabajo, la familia, el ocio o el poder. Es necesario desarrollar un Nuevo Contrato de Género entre mujeres y hombres basado en la corresponsabilidad, que no complementariedad de ambos sexos, un nuevo contrato que nos permita compartir el trabajo asalariado, compartir las responsabilidades familiares y el cuidado de las personas dependientes, compartir el poder y la toma de decisiones; en definitiva compartir la vida.

Concretar la filosofía de este Nuevo Contrato de Género es un desafío importante y parte de la premisa de que este desafío no nos incumbe solamente a las mujeres sino al conjunto de la sociedad.

Compartir la familia y el trabajo doméstico. En la actualidad no existe ninguna razón, ni siquiera de tipo económico, que justifique que las mujeres nos especialicemos en el trabajo doméstico, pero continuamos siendo quienes se ocupan de la familia, la casa y el cuidado de los hijas/os y personas dependientes.

Si las mujeres que trabajan fuera de casa quieren desarrollar una carrera profesional de baja intensidad, asumiendo la carga del trabajo doméstico y los cuidados familiares y dando prioridad a la carrera profesional de su pareja, han de enfrentarse inevitablemente a la doble jornada. Pero si además quieren desarrollar una carrera profesional competitiva no pueden trabajar lo mismo que un hombre, sino que deben mostrar una dedicación y esfuerzos superiores, sobreactuarse, para que sus pretensiones sean tomadas en serio. O aceptamos que las mujeres sigamos jugando un papel secundario en el trabajo asalariado o estamos exigiéndonos una doble jornada excepcional, aún suponiendo (que es mucho suponer) un reparto equilibrado de las tareas domésticas y familiares.

El Nuevo Contrato Social exige un cambio institucional. Se requieren servicios sociales que asuman las tareas que anteriormente desempeñaba la familia (fundamentalmente las mujeres): escuelas infantiles y ayuda a domicilio o teleasistencia. Es necesario garantizar la creación de escuelas infantiles y colegios con horarios flexibles, acordes a las necesidades de hombres y mujeres. Los servicios públicos no pueden seguir funcionando sobre la base de que las mujeres tenemos todo el día libre y los hombres carecen de responsabilidades familiares.

La actual duración de la jornada laboral es incompatible con el reparto equilibrado de las tareas familiares y domésticas, y la extensión del trabajo a tiempo parcial, aunque ofrece algunas oportunidades a muchas mujeres porque parece una solución a su medida, simultáneamente refuerza la imagen de que los hombres trabajan más horas. Es preciso adecuar los horarios de trabajo de modo que hombres y mujeres puedan llegar a casa a horas razonables, colaborando en las tareas cotidianas, educando a hijos e hijas, y participando en el entorno social y ciudadano.

No podemos olvidar tampoco que en el seno de la familia asistimos diariamente a una sucesión de crímenes y escenas de violencia y maltrato físico y psicológico por parte de maridos o compañeros contra sus mujeres o ex-mujeres. Cada año en España mueren entre 50 y 100 mujeres y otras miles sufren continuamente problemas de acoso y violencia conyugal. La violencia doméstica y sexual atropella los derechos más fundamentales de las mujeres y es una muestra clara de la situación de discriminación e indefensión en que nos encontramos.

Para compartir el trabajo necesitamos una nueva política de empleo que garantice a las mujeres un puesto de trabajo en igualdad de condiciones, Sin esa política las mujeres seguiremos siendo las más perjudicadas, no se podrá poner freno al desempleo (la cuota de desempleo femenino dobla a la masculina) ni a la pobreza; las mujeres continuaremos ocupando empleos de baja calidad y escasa cualificación profesional, nos mantendremos en las peores posiciones en términos de temporalidad de los contratos y de eventualidad en contratos parciales, además de continuar trabajando en sectores tradicionales y no en sectores con futuro (en ámbitos como la electrónica, telecomunicaciones o informática, las mujeres ocupamos sólo el 20% de los puestos de trabajo existentes), y cobrando hasta un 30% menos de salario por desempeñar empleos de igual valor.

Es necesario también que esa nueva política de empleo contemple medidas que hagan realidad la igualdad, e impidan la discriminación de las mujeres respecto a los hombres para acceder a un puesto de trabajo o a la promoción profesional. Se trata también de cambiar las expectativas de las empresas (y de los sindicatos) sobre la dedicación de las mujeres al trabajo.

Además, la actual duración de la jornada laboral no es inevitable, a la vista del incremento de la productividad, y resulta muy inconveniente para cualquier intento de racionalizar la vida familiar. El reparto de las tareas domésticas y una relación con los hijos/as más equilibrada exige disponer de más tiempo libre en cada jornada y a lo largo del ciclo profesional. La reducción generalizada del horario laboral es un objetivo para conseguir a la vez bienestar familiar y reparto de las tareas domésticas, así como un reparto más equilibrado del empleo.

Compartir el poder y la toma de decisiones es otro de los pilares sobre los que se asienta este Nuevo Contrato de Género, denominado Nuevo Contrato Social entre mujeres y hombres, y éste es precisamente uno de los espacios en los que más resistencia hay al cambio. Llama poderosamente la atención que las transformaciones habidas en ámbitos como la educación o el empleo se hayan reflejado tan poco en otras áreas. No hay más que echar un vistazo a los ámbitos de poder político, económico o mediático para percibir la ausencia de mujeres, o lo que es lo mismo, la sobrerepresentación de hombres. Cualquiera que sea el nivel en que observemos, nacional, regional o local, sin olvidarnos de los organismos internacionales, las mujeres somos una minoría cuando se trata de tomar decisiones.

Las decisiones económicas, las decisiones políticas, las decisiones que desde el poder definen el rumbo de nuestra sociedad, las toman casi exclusivamente los hombres. La sociedad está compuesta por hombres y mujeres, pero está dirigida por hombres.

Hay barreras que impiden o dificultan la entrada y participación de las mujeres en el poder, se trata de un problema estructural y no coyuntural. Este denominado techo de cristal que impide avanzar a las mujeres, se debe a la sobrecarga que supone la política junto a las responsabilidades familiares y al trabajo asalariado, a la falta de socialización de las mujeres para el poder y la toma de decisiones y a la ausencia de modelos válidos en este sentido.

Esto no es así porque las mujeres seamos menos inteligentes, tampoco porque tengamos menos capacidad de trabajo, porque conozcamos peor las necesidades de la gente o lo que es mejor para el conjunto de la sociedad. Se trata de una grave anomalía democrática, de un déficit democrático, y puede que la verdadera democracia exista cuando también en política el número de mujeres incapaces sea igual al de los hombres de la misma condición.

Debemos tomar conciencia de que seguir ignorando la capacidad de las mujeres supone además de una injusticia, un despilfarro de inteligencia y de capacidad de trabajo de la mitad de nuestra sociedad. Es necesario garantizar esta igualdad mediante la adopción de medidas positivas encaminadas a lograr la democracia paritaria en todas las instancias de representación y decisión, públicas y privadas, así como en los poderes económicos, políticos y mediáticos.

Propuestas y medidas para compartir las responsabilidades familiares

 

  • Someter a evaluación todas y cada una de las medidas que buscan facilitar la compatibilización entre vida laboral y responsabilidades familiares.

     

  • Evaluar el impacto de todas las políticas públicas, tanto en el diseño como en los resultados.

     

  • Universalizar las prestaciones y servicios del estado del bienestar garantizando la atención de niños y niñas, personas mayores y personas enfermas y creando además empleos de proximidad en estos sectores.

     

  • Establecimiento de redes escolares infantiles y colegios con horarios flexibles acordes con las necesidades del mercado de trabajo y las familias.

     

  • Promoción de medidas que posibiliten e incentiven a los varones a asumir responsabilidades familiares y domésticas, actuando tanto en la sensibilización como a través de acciones en el ámbito del empleo y las excedencias laborales. El permiso parental de cuatro semanas debería ser un derecho individual del padre, perdiéndose en caso de no disfrutarlo. Consideración como cotización a todos los efectos de Seguridad Social de las excedencias por cuidado de familiares, garantizando durante todo el periodo la reserva del puesto de trabajo.

     

  • Propiciar la compatibilidad efectiva entre el derecho a la maternidad y el derecho al trabajo remunerado de las mujeres mediante la creación de una nueva red de escuelas infantiles que facilitaría además la incorporación de miles de madres al mercado laboral.

     

  • Medidas especiales para erradicar la violencia contra las mujeres que se detallan más adelante.

Propuestas y medidas para compartir el trabajo

 

  • Ampliar el concepto de trabajo al no asalariado que realizan mayoritariamente las mujeres en la familia.

     

  • Reordenación y reducción del tiempo de trabajo (tanto en lo que se refiere a la jornada laboral como al ciclo profesional vital) no sólo para generar empleo sino también para compatibilizar un salto cualitativo en el reparto de responsabilidades familiares y domésticas:

     

    • Posibilidad de negociar las horas y el horario de trabajo de acuerdo con los planes de vida y los compromisos familiares, tanto en las empresas privadas como en las administraciones públicas.

       

    • Ampliación de las excedencias sin sueldo por motivos familiares.

       

    • Universalización de actividades extracurriculares de tarde para los escolares, organizadas por los ayuntamientos.

       

    • Ampliación mediante turnos de trabajo de 9 a 21 de los horarios de atención al público en todos los servicios públicos administrativos.

     

  • Mejorar la regulación del empleo a tiempo parcial, tanto en los aspectos laborales como en los de protección social y facilitar el tránsito voluntario del trabajo a tiempo parcial al trabajo a tiempo completo y viceversa.

     

  • Reordenación del sistema de bonificaciones y subvenciones a las empresas propiciando la contratación de mujeres paradas de larga duración y mayores de 45 años, y jóvenes en busca de un empleo estable.

     

  • Creación de un nuevo Sistema de Formación Profesional, incentivando la formación reglada, ocupacional y continua de las mujeres hacia los sectores en los que está subrepresentada, como sectores industriales de alta productividad, telecomunicaciones e informática.

     

  • Fomentar el desarrollo de nuevos yacimientos de empleo y de los empleos de proximidad con el doble objetivo de incrementar la ocupación tanto de mujeres como de hombres por un lado y apoyar el cuidado de personas dependientes, por otro. Con estas medidas se conseguirán aflorar una serie de trabajos que realizan las mujeres sin remuneración alguna, a costa de su desarrollo personal y profesional.

Propuestas y medidas para compartir el poder y la toma de decisiones

 

  • Recopilación y divulgación de las estadísticas sobre participación de mujeres en la toma de decisiones para hacer visible su subrepresentación, la democracia incompleta y el déficit democrático.

     

  • Sensibilización social sobre la importancia de la participación igualitaria de hombres y mujeres en la toma de decisiones. Una participación igualitaria de ambos sexos generaría ideas, valores y comportamientos diferentes que conducirían a un mundo más justo y equilibrado para toda la sociedad.

     

  • Reforma de la Ley Electoral que garantice la democracia paritaria o lo que es lo mismo, que asegure que en las listas electorales y por consiguiente en las instituciones públicas (gobierno, cortes generales, parlamentos autonómicos y ayuntamientos) la presencia de hombres y mujeres sea equilibrada -ni más del 60% ni menos del 40%- impidiendo la actual situación de discriminación hacia la mujer y facilitando que toda la sociedad esté representada de un modo más justo. En España, PSOE e IU ya antes de las elecciones generales de 1989 introdujeron el sistema de cuotas que se ha ido perfeccionando y ampliando posteriormente. El Partido Laborista inglés, el Partido Socialista francés e incluso la Democracia Cristiana alemana han introducido acciones positivas similares. Sería deseable que el resto de los partidos democráticos europeos y españoles hicieran lo mismo.

     

  • Introducción de la democracia paritaria en todas las instancias de representación y decisión de las organizaciones de participación social y política, especialmente en las instituciones públicas, partidos políticos, sindicatos, colegios profesionales, órganos constitucionales, entes públicos independientes y organismos de regulación del mercado, movimiento juvenil, movimiento asociativo, economía social, voluntariado, ONG's y tercer sector; sin olvidar la representación paritaria en los poderes económicos privados.

     

  • Articulación de redes entre organizaciones y grupos de mujeres y mujeres militantes de partidos políticos, a fin de establecer modelos y patrones de buenas prácticas.

     

  • Reconocimiento de las organizaciones de mujeres como interlocutores sociales no sólo en los temas directamente relacionados con ellas, sino en una construcción más amplia del cambio social como negociaciones de convenios colectivos, reorganización del tiempo de trabajo, reformas educativas y políticas de empleo.

     

  • Impulsar una Ley de Igualdad para el desarrollo de acciones positivas.

     

  • Creación de la defensora de la igualdad encargada de vigilar la aplicación de todas las políticas de igualdad. Esta figura jurídica existe en algunos piases del norte de Europa con muy buenos resultados.

II. Crítica a la respuesta del Gobierno español al cuestionario de la ONU

 

En las últimas décadas las mujeres de todo el mundo han sido sujetos y objetos de gran parte de las transformaciones, revoluciones y cambios que han tenido lugar. En este contexto son cada vez más mujeres, como protagonistas de estos cambios, las que han tomado conciencia del poder que individual y colectivamente tienen para conseguir, junto con los hombres, la igualdad, el desarrollo y la paz.

Estos tres objetivos fueron así definidos como prioritarios en la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres celebrada en Beijing (China) en 1995, conferencia que puede considerarse como el cénit de anteriores propuestas en pro de la igualdad (Decenio de las Mujeres, 1975-1985; Conferencia de Nairobi, 1985; Conferencia sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo, 1994..., todas ellas organizadas por Naciones Unidas).

La IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, Beijing 95, introdujo dos hitos fundamentales: por primera vez se consiguieron traspasar las barreras culturales, religiosas y étnicas que anteriormente fueron un obstáculo para la concienciación global de las mujeres, y elaborar un proyecto de acción común hacia la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres. Por otra parte, a través de la Plataforma de Acción, Beijing no se quedó en una simple declaración de palabras sino que se concretó en una serie de propuestas prácticas para la vida de las mujeres.

Por todo ello, cinco años después, es necesario evaluar la aplicación de estas medidas por parte de los gobiernos que se acogieron a la Plataforma de Acción. Así, si en el marco regional europeo la Unión Europea ha desarrollado el IV Programa de Igualdad, a partir de 1995, a nivel nacional se ha llevado a cabo la elaboración del III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (1997-2000). En palabras del propio Gobierno español el III Plan de Igualdad pretende impulsar las políticas de igualdad de oportunidades para el avance social de las mujeres incorporando los compromisos de la Plataforma de Acción y las orientaciones del IV Programa de Acción Comunitario. Sin embargo, la revisión de la respuesta al Cuestionario de Naciones Unidas sobre el seguimiento de las Áreas de Especial Interés de la Plataforma para la Acción nos ha revelado las importantes carencias del Plan en relación a las medidas aprobadas en Beijing. En líneas generales, el documento presentado por el Gobierno es más una declaración de intenciones que una serie de medidas concretas tras casi tres años de aplicación del Plan.

El documento del Gobierno se ha estructurado en torno a los tres ejes defendidos en el III Plan: desarrollar medidas específicas dirigidas a combatir las discriminaciones por razón de sexo, desarrollar el principio de transversalidad que asegure que a cualquier acción se sume la defensa y garantía del principio de igualdad de trato, e incorporar a la acción política del Gobierno la iniciativa social.

Entre las actividades a nivel nacional propuestas por la Plataforma de Acción se encuentra la de "alentar a las organizaciones no gubernamentales a que contribuyan a la formulación y aplicación de las estrategias y planes de acción nacionales" algo que el Gobierno español no ha tenido en cuenta. La incorporación de la iniciativa social a la acción política del gobierno ha sido cuanto menos escasa, empezando por la misma aprobación del III Plan de Igualdad de Oportunidades. Aunque en su respuesta al Cuestionario de la ONU el Gobierno reconoce que la participación activa de las mujeres y la incorporación de sus puntos de vista es necesaria, la realidad se ha formulado de manera muy distinta: ni la iniciativa social se tuvo en cuenta al aprobar el III Plan de Igualdad de Oportunidades, ni se ha alentado la participación y el trabajo desarrollado por las redes de mujeres.

Por otro lado, observamos con gran preocupación como elmainstreamig o "transversalidad" únicamente aparece en el documento como un mera cita obligada sin que sea aplicado de forma concreta. Basándonos en la Plataforma de Acción, consideramos que el mainstreamig debe integrarse en todas las políticas y acciones del Gobierno y no limitarse a pequeñas áreas concretas como el colectivo gitano o los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer propuestos a través del III Plan.

En lo que respecta al desarrollo de medidas específicas dirigidas a combatir la discriminación por razón de sexo hemos constatado la escasez de las mismas. La efectividad de las políticas de igualdad proviene en parte de recordar a la sociedad que la igualdad no está conseguida y en visualizar a las mujeres. A este respecto creemos que el énfasis del Gobierno ha priorizado el papel de la familia en detrimento de la mujer.

En otro ámbito, la respuesta del documento del Gobierno a las doce áreas de la Plataforma ha sido desigual, mostrando éstas grandes diferencias tanto cualitativas como cuantitativas. Mientras a áreas como Mujer y Economía se les presta una gran atención, otras como Medio Ambiente o Medios de Comunicación tienen escasa respuesta. No podemos dejar de mencionar que el documento del Gobierno ignora tres de las áreas de la Plataforma: Mujer y Conflictos Armados, Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas sin que ningún argumento pueda justificar este abandono.

En definitiva el documento del Gobierno, incompleto desde cualquier punto de vista, parece más una memoria de actividades y una simple enumeración de intenciones que un propuesta ideológica y política vertebradora de acciones encaminadas hacia la consecución de la Plataforma de Acción.

Las propuestas que se recogen en este documento han sido elaboradas gracias a la colaboración de las siguientes Asociaciones:

 

  • Asociación de Mujeres Juristas "Themis"
  • Asociación para la Reflexión y la Acción Feminista (ARAF)
  • Asociación de Mujeres por la Solidaridad "14 de abril"
  • Asociación de Medios de Comunicación (AMECO)
  • Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid
  • Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres (CELEM)
  • Departamento Confederal de la Mujer de UGT
  • Federación de Asociaciones de Mujeres Progresistas
  • Federación de Asociaciones Asistencia a Mujeres Violadas
  • Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas
  • Federación Española de Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE)
  • Forum de Política Feminista
  • Fundación Mujeres
  • Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid
  • Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense
  • Mujeres Jóvenes
  • Mujeres por Europa
  • Mujeres Vecinales (C.A.V.E.)
  • Secretaría de la Mujer de CC.OO
  • Unión Nacional de Apoyo a la Familia (UNAF)
  • Unión Sindical Obrera (USO)

 

III. Propuestas y medidas para las áreas estratégicas definidas por la Plataforma de Acción de Beijing

 

1. Mujer, economía y empleo

Aunque a primera vista pueda parecer que las actuaciones del Gobierno en materia de economía y empleo han sido cuantitativa y cualitativamente importantes, un análisis detallado del documento presentado por el Gobierno como respuesta al cuestionario de Naciones Unidas revela que el mainstreaming no se ha aplicado y que las propuestas de la Plataforma de Acción continúan pendientes. La Plataforma propuso entre otros objetivos:

 

  1. Promover la independencia y los derechos económicos de las mujeres incluyendo el acceso al empleo, a condiciones de trabajo apropiadas y el control de los recursos económicos.

     

  2. Facilitar el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad, con los hombres, a los recursos, el empleo, los mercados y el comercio.

     

  3. Proporcionar servicios comerciales, formación y acceso a los mercados, a la información y a la tecnología, en particular a las mujeres de bajos ingresos.

     

  4. Reforzar la capacidad económica y las redes comerciales de las mujeres.

     

  5. Eliminar la segregación en el trabajo y toda forma de discriminación de las mujeres en el empleo.

     

  6. Fomentar una armonización de las responsabilidades laborales y familiares entre mujeres y hombres.

     

  7. Promulgar y hacer cumplir leyes que garanticen los derechos de mujeres y hombres a una remuneración igual por el mismo trabajo o por un trabajo de igual valor.

Frente a las propuestas de la Plataforma el III PlOM ha supuesto un "retraso" ya que más bien parece una declaración de intenciones cuyas medidas se han reducido a campañas, seminarios, estudios, jornadas..., más que a medidas específicas que garanticen la igualdad de oportunidades. Consideramos el documento del Gobierno como incompleto y ambiguo por que:

 

  • Se necesitan más leyes, normas y mecanismos que desarrollen los objetivos; no como la recientemente aprobada Ley de Conciliación, que no recoge los aspectos de la directiva comunitaria (Directivas del Consejo 92/85-CEE, de 19 de octubre y 96/34/CE del Consejo de 3 de junio) sobre la individualización del derecho, y por lo tanto esta directiva no ha sido transcrita en su totalidad.

     

  • Las medidas de acción positiva sobre las que se ha hecho mucho hincapié en la Plataforma de Acción, no se recogen en ningún texto legal como forma más rápida para avanzar en la consecución de la igualdad.

     

  • La segregación femenina sigue aumentando fundamentalmente por la falta de diversificación de la formación, esto se perpetúa.

     

  • La Negociación Colectiva, cada vez más desregularizada, por los cambios producidos en el mercado laboral, y la aparición de nuevas formas contractuales en las relaciones de trabajo, están afectando fundamentalmente al colectivo de mujeres en lo que se refiere al acceso, permanencia y promoción al mercado laboral.

     

  • Las medidas que el Gobierno ha adoptado para fomentar el empleo femenino, como puede ser el "contrato coste 0", al no ser específicamente dirigido a mujeres, difícilmente incorporará a más mujeres al mercado de trabajo, cuando la mayoría de las veces los empresarios no están cubriendo las bajas por maternidad. En lo que se refiere a la incorporación de mujeres en sectores tradicionalmente masculinos, con la bonificación del 60% a las empresas, el Gobierno no ha proporcionado datos. En definitiva los indicadores de género no se contemplan.

     

  • La tasa de desempleo de las mujeres en España supera la media europea.

     

  • Las diferencias salariales entre mujeres y hombres se estiman en un 30% en detrimento de las mujeres.

     

  • La tasa de actividad de las mujeres en un momento en que la convergencia con Europa aumenta, lejos de converger se aleja.

     

  • Los niveles de formación que en la actualidad tienen las mujeres no están sirviendo a la hora de acceder al puesto de trabajo, por lo que el hecho de ser mujer impide el acercamiento al mercado de trabajo en igualdad de condiciones.

     

  • El tiempo de permanencia en el empleo y la edad ( a mayor edad más dificultad) son dos variables que agravan la situación laboral de las mujeres.

     

  • La contratación temporal y precaria se suscribe fundamentalmente con mujeres.

Consideramos que en el área de Economía y Empleo se deben dirigir actuaciones que vayan encaminadas a combatir la discriminación entre mujeres y hombres, lograr la conciliación de la vida laboral con la familiar, facilitar la reincorporación al trabajo y favorecer la inserción laboral de las personas discapacitadas, las minorías étnicas y otros grupos y personas desfavorecidas. Por ello las medidas que proponemos son las siguientes:

1. Combatir la discriminación entre mujeres y hombres

La dimensión de la igualdad debe tenerse en cuenta en todas las acciones y actividades. Así pues, es necesario integrar la "transversalidad" de las políticas generales de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la aplicación del resto de las políticas de empleo. Es necesario igualmente arbitrar las medidas necesarias para la recopilación de datos reales sobre la situación de la mujer en el mundo laboral y su evolución, utilizando los sistemas y procesos adecuados para facilitar el acceso a esta información. También se deben adoptar medidas que fomenten el crecimiento de la tasa de la actividad de las mujeres en un proceso de crecimiento anual de al menos un 20%, mediante el fomento del acceso al empleo de las mujeres:

a) Reformas legislativas encaminadas a:

 

  • Eliminar las discriminaciones existentes en el acceso al empleo por razón de sexo y prevenir las futuras, y que la promoción de la igualdad de oportunidades sea efectiva.

     

  • Apoyar las redes de servicios sociales que desarrollen actividades para la inserción laboral de las mujeres, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia.

     

  • Eliminar los obstáculos existentes en la promoción profesional y en el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad.

     

  • Facilitar y eliminar los obstáculos que existen para la efectiva aplicación del principio de igualdad retributiva entre trabajos de igual valor, así como difundir y fomentar la aplicación del Memorandum y Código de Actuación de la Comisión Europea relativo a "Igual retribución por trabajo de igual valor".

     

  • Difusión y fomento, entre los operadores jurídicos, de la utilización de los instrumentos de tutela jurídico-procesal existentes en materia de discriminación por razón de sexo: prueba estadística, inversión de la carga de la prueba, dictamen de expertas/os, prueba psicológica en los procesos de acoso, etc.

     

  • Regulación del acoso sexual que incluya su definición expresa, su calificación, y un procedimiento sancionador.

     

  • Especificar en la norma las competencias de los representantes de las trabajadoras/es en relación con la obligación empresarial, en relación a recibir información de las candidaturas y solicitudes presentadas para la cobertura de vacantes o puestos de nueva creación.

     

  • Establecer Acuerdos de Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con el fin de asegurar el cumplimiento del principio de igualdad.

b) Fomentar mediante subvenciones e incentivos fiscales:

 

  • Proyectos empresariales de mujeres emprendedoras; y para las acciones de apoyo, formación, asesoramiento técnico, puesta en marcha y acompañamiento para la creación de autoempleo de mujeres.

     

  • La creación de empleo para mujeres con cargas familiares no compartidas y mujeres paradas de larga duración.

     

  • El autoempleo y el empresariado femenino con medidas fiscales favorecedoras del tipo de créditos blandos, reducción de impuestos, subvenciones y/o ayudas a fondo perdido, y nuevos yacimientos de empleo en las paradas de larga duración sin formación específica y paradas sin titulación.

2. Conciliar la vida laboral con la familiar

 

  • Establecer licencias por responsabilidades familiares (no sólo para la atención a los hijos e hijas) que se configuren como derechos individuales y no derivados, con una adecuada flexibilidad y teniendo en cuenta que tales derechos sobre permisos y excedencias puedan hacerse efectivos en la práctica por parte de las trabajadoras/es que cuentan con unas condiciones precarias de empleo y de contratación. Igualmente, mediante el establecimiento de estos permisos y excedencias debe fomentarse el ejercicio de estos derechos por parte de los trabajadores masculinos y un reparto equilibrado de las responsabilidades familiares entre mujeres y hombres.

     

  • Creación de servicios de guardería, atención domiciliaria y geriátricos, públicos y/o subvencionados con fondos públicos, ya sea por creación directa o mediante acuerdos de colaboración con las entidades autonómicas y locales, en los que se tengan en cuenta los horarios laborales; y adoptando medidas de carácter fiscal para las familias menos favorecidas económicamente que necesiten estos servicios.

     

  • Promover la flexibilidad horaria en su aspecto positivo mediante la negociación, teniendo en cuenta los tiempos y necesidades de las trabajadoras/es.

     

  • Extender el régimen del primer año de excedencia por cuidado de hijos e hijas al resto del periodo de excedencia (tanto a efectos laborales como de Seguridad Social).

     

  • Garantizar el disfrute del período de vacaciones en momento distinto al correspondiente al permiso de maternidad/paternidad, cuando ambos coincidan por estar así fijado en el calendario laboral de la empresa.

     

  • Garantizar el acceso a la Formación Profesional Continua durante los períodos de baja por maternidad/paternidad y de excedencia por cuidado de hijos/as o familiares.

     

  • Completar la transposición de la Directiva 92/34 de 3 de junio de 1996 sobre Permisos Parentales.

     

  • Tansposición de los Anexos de la Directiva 92/85 CEE sobre maternidad que indican los agentes, procedimientos o condiciones de trabajo de riesgo específico.

     

  • Avanzar en el desarrollo de medidas en la legislación laboral tendentes a una progresiva reducción, flexibilización y distribución del tiempo de trabajo que favorezca la compatibilización de la vida laboral y familiar; como la reducción del tiempo de trabajo (35 horas) y de las horas extraordinarias.

3. Mejorar el nivel de ocupación de las mujeres

 

  • Introducir medidas de acción positiva que primen la contratación, promoción y permanencia de mujeres, con medidas sancionadoras con los empresarios que ejerzan prácticas discriminatorias, y bonificación para aquellos empresarios que ejerzan la igualdad de oportunidades.

     

  • Realizar campañas públicas, en particular entre los empresarios/as, sobre los incentivos establecidos para determinados supuestos de contrataciones indefinidas de mujeres, especialmente los incentivos a la contratación de mujeres en profesiones y ocupaciones con menor índice de empleo femenino, en base al nuevo Catálogo de Ocupaciones, recientemente aprobado por el Gobierno.

     

  • Extender las bonificaciones empresariales a los contratos de interinidad que se celebren para sustituir a trabajadoras/es con periodos de baja maternal/paternal o con excedencia por cuidado de hijos/as o familiares.

     

  • Establecer la obligatoriedad de realizar contratos de sustitución en el caso de permisos de excedencia parentales, y que dichos contratos se realicen con mujeres.

     

  • Conceder carácter prioritario a las acciones formativas de las mujeres, especialmente las orientadas a su capacitación en profesiones en las que se hallen subrepresentadas.

     

  • Información y asesoramiento a desempleadas para promover su reinserción al mercado de trabajo.

     

  • En los procesos de selección y promoción en la Administración Pública, los Tribunales serán de naturaleza colegiada y deberán tener una composición equilibrada de mujeres y hombres.

4. Facilitar la reincorporación al trabajo

 

  • Mejorar la formación como mecanismo compensador de las desigualdades entre mujeres y hombres, impulsando entre otras medidas, la diversificación de la Formación Profesional que garantice políticas educativas de formación y reciclaje (sobre todo mujeres que retornan al mercado de trabajo), con el fin de mejorar sus oportunidades de empleo así como la formación específica que favorezca el acceso de las mujeres a profesiones en las que se encuentren subrepresentadas.

     

  • Impulsar procedimientos de acceso y formación no discriminatorios en el seno de las empresas privadas y de la Administración Pública, mediante planes de igualdad de oportunidades en los que se incluyan medidas de acción positiva dirigidas a la reincorporación de mujeres después de largos periodos de inactivad profesional.

5. Otros campos

 

  • Visualización, valoración y reconocimiento del trabajo de las mujeres en el ámbito de la economía sumergida, empleadas del hogar, amas de casa, y trabajo informal, por su gran aporte y contribución en la economía global del país.

     

  • Divulgación de los datos reales sobre el empleo de las mujeres y sus causas en profundidad.

     

  • Campañas que contrarresten los falsos mitos que existen sobre las mujeres en el entorno laboral como son el absentismo y el embarazo entendidos por los empresarios como características de las trabajadoras.

2. Poder y toma de decisiones

 

Si en alguna área el documento presentado por el gobierno español al cuestionario de Naciones Unidas y el III Plan de Igualdad de oportunidades empobrece y caricaturiza hasta el extremo las medidas y recomendaciones de la Plataforma para la Acción de Beijing, ésta es la referida a poder y toma de decisiones. No sólo el término "Poder" ha quedado eliminado del único objetivo que el III Plan de Igualdad contiene en este apartado, sino que las múltiples medidas de la Plataforma de Acción han quedado reducidas a cinco actuaciones sin contundencia. Solo se ha actuado y puntualmente, en favorecer el acceso de las mujeres a puestos de decisión en algunas empresas privadas, a través del programa "Optima".

El "empoderamiento" de las mujeres fue uno de los ejes fundamentales y trasversales de la IV Conferencia; muchas de las medidas propuestas en la Plataforma para la Acción, en las distintas áreas, van en el sentido de promover la igualdad entre hombres y mujeres en las decisiones y en el poder. En el documento del Gobierno y en el III Plan no hay ninguna referencia al poder político, ni medida alguna que favorezca el acceso de las mujeres al mismo. Tampoco existe ninguna actuación referida a la participación de las mujeres en otros órganos, bien sean gubernamentales, de la administración pública, de la judicatura, de los partidos, sindicatos.., con miras a conseguir una representación paritaria de ambos sexos, tal como figuraba en la Plataforma para la Acción.

Todo ello ha desaparecido, siendo sustituido por una vaga referencia de tono paternalista al apoyo a las mujeres para que adquieran formación y habilidades para acceder a puestos de decisión, formulación que tiende a abonar la idea de que si no estamos en estos puestos es por falta de preparación y no por el predominio del androcentrismo y el patriarcado que todavía son tan visibles en estos ámbitos de la sociedad.

El Gobierno español, no cumple los compromisos adquiridos hace 4 años en la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín.

Estimamos que las propuestas que en su día fueron elaboradas y analizadas por el CELEM, siguen de plena vigencia, toda vez, que no se han tomado medidas para su implantación.

Propuestas:

 

  • Introducir la paridad en todas las instancias de representación y decisión, especialmente en las instituciones públicas, partidos políticos, colegios profesionales, sindicatos, consejos escolares y otras organizaciones de participación social y política.

     

  • Reformar la Ley Electoral para que impida las candidaturas que no cumplan la democracia paritaria, de forma que ninguno de los dos sexos alcance una representación superior al 60%, ni inferior al 40%.

     

  • Regular en la normativa de los partidos políticos la inclusión de la democracia paritaria.

     

  • Estudiar el sistema diferencial de los sistemas electorales en la representación política de los órganos electivos de mujeres y hombres para ver la posibilidad de reformar o ajustar esos sistemas.

Democracia paritaria en el Parlamento Europeo

El nuevo Tratado establece expresamente que los miembros del Parlamento Europeo deberán ser elegidos por sufragio universal según un procedimiento uniforme en todos los Estados miembros. Para que esta convergencia electoral sea posible es necesario que se apruebe, por parte de los órganos de la Unión, un reglamento o directiva que prevea el proceso de adaptación de las leyes electorales de los Estados miembros. En el mismo TUE se establece que será el propio Parlamento el que elabore los proyectos pertinentes y que la adopción de la norma comunitaria deberá realizarse mediante acuerdo unánime del Consejo, previa conformidad del Parlamento adoptada por mayoría.

Una vez aprobada la norma europea, los Estados miembros deberán adaptar, en el marco de sus disposiciones constitucionales, las leyes electorales internas a las nuevas disposiciones electorales europeas.

De este modo, en aplicación de las disposiciones del TUE acerca de la homogeneización de los sistemas electorales de los Estados miembros, la participación equilibrada de las mujeres y los hombres ha de constituir uno de los ejes principales de la reforma electoral.

Los Estados miembros de la Unión, en consecuencia, tendrán que reformar sus normas electorales internas. Alguno de ellos (los estados federales, regionales o autonómicos) quizás tengan igualmente que adoptar ciertas medidas para garantizar que en el nuevo Parlamento Europeo también se proyecten de algún modo las diversidades o el multiculturalismo interno, medidas que, a tenor de las nuevas disposiciones europeas sobre la igualdad entre mujeres y hombres, tampoco podrán adoptarse al margen de esta misión de la Comunidad.

Nos encontramos, pues, ante un proyecto de amplio alcance y de inmensa transcendencia en el proceso de integración europea que incide directamente en uno de los grandes problemas que todavía presenta la UE: aumentar la legitimidad de sus instituciones. El grado de vinculación y de identificación de la ciudadanía con la UE es todavía muy pequeño.

Acercar la Unión a los ciudadanos es imprescindible para el buen éxito del proceso de integración europea. Y es necesario que la integración se haga también desde la perspectiva de género.

No se puede desvincular de este proceso a las mujeres, la práctica mitad de sus destinatarios, ya que sólo las personas, hombres y mujeres, van a garantizar que la Unión Europea se consolide como un espacio plural de libertad, de igualdad y de justicia.

La democracia paritaria ha de constituir uno de los ejes principales de esta reforma electoral y debe ser un eslabón decisivo en la construcción de esa Europa más legitima a la que aspiramos desde la reivindicación de la igualdad real.

3. Violencia contra las mujeres

 

Introducción. Análisis general de la actuación del Gobierno.

La Plataforma para la Acción de la Conferencia de Beijing se centraba en tres objetivos prioritarios:

 

  • Adopción por los gobiernos de medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres.

     

  • Realización de estudios sobre las causas y consecuencias de la violencia específica contra las mujeres y eficacia de las medidas de prevención.

     

  • Eliminación del tráfico de mujeres y asistencia a sus víctimas.

En ninguno de estos objetivos se han producido significativos avances, a causa de una falta de verdadera voluntad política, más allá de las declaraciones institucionales contra la violencia de género, de introducir medidas efectivas que incidan en la erradicación del problema. Esta falta de voluntad política es imputable a todos los poderes estatales: legislativo, ejecutivo y judicial.

El cuestionario elaborado por el Instituto de la Mujer enumera una serie de avances y medidas adoptadas en esta área, y señala como instrumentos en los que se encuadran, dentro de las recomendaciones realizadas tanto por la Plataforma para la Acción como por el IV Programa de Acción Comunitario, el III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres (1997) y el Plan de Acción contra la Violencia Doméstica.

En la elaboración y puesta en marcha de ambos planes se ha marginado a las Asociaciones de Mujeres legitimadas por su experiencia de trabajo en la materia, lo que ha malogrado ambos planes como instrumento para una efectiva lucha contra la violencia de género.

También se omite consignar que la aprobación en 1998 del Plan contra la Violencia no respondió a una iniciativa gubernamental, sino a un estado de alarma social en la opinión pública, desde finales del año 1997, a raíz de una serie de sucesos muy graves difundidos por los medios de comunicación que evidenciaban

 

  • Las graves carencias del ordenamiento jurídico para la dotar de protección a las víctimas de la violencia doméstica, de forma que las víctimas que denunciaban no fueran objeto nuevamente de malos tratos.

     

  • La deficiente aplicación por parte de los órganos judiciales de los instrumentos legales vigentes en materia de violencia.

     

  • La precariedad y descoordinación de los recursos (servicios jurídicos, casas de acogida, servicios médicos y psicológicos) para asesorar a las víctimas que denuncian, evitar que sufran nuevas agresiones y reparar los daños sufridos.

El Plan de Acción adolece de una gran fragmentación e indefinición, ya que no se ha incidido en las principales dificultades que motivaron una gran movilización y estado de opinión:

 

  1. Se han introducido medidas de protección específicas a adoptar dentro del procedimiento penal, pero legalmente se sigue condicionando su adopción no sólo a su objetiva necesidad para salvaguardar la integridad física de la víctima, sino también a la situación socio-económica del agresor.

     

  2. Se introducido como delito el ejercicio de la violencia psíquica habitual contra un familiar, pero sin que esta conducta esté definida desde el punto de vista técnico-jurídico, lo que en la práctica impide la efectiva sanción de estas conductas.

     

  3. No se ha endurecido la sanción del ejercicio de grave violencia por coerción (amenazas de muerte entre parientes).

     

  4. Los organos judiciales continúan teniendo un amplio margen de interpretación, que en muchas veces se revela errónea, sobre la gravedad de la agresión y la necesidad de protección.

     

  5. No existe un sistema coordinado de recursos para las víctimas (servicios jurídicos, casas de acogida, servicios médicos y psicológicos) y en muchas ocasiones estos recursos no contemplan situaciones específicas que exigen tratamientos especializados (víctimas con enfermedades mentales, drogadicción, alcoholemia, etc.). Esta descoordinación dificulta el acceso de las mujeres a los recursos establecidos.

     

  6. No se adoptan medidas específicas de protección para mujeres en situación de especial vulnerabilidad, como son las mujeres inmigrantes aquellas mujeres inmigrantes que son en mayor medida víctimas del tráfico de mujeres, violencia, abusos y explotación, a las que se debía dotar de un stataus de permanencia no ligado al del agresor, en los términos acordados en la Conferencia Europea de Colonia.

     

  7. Las Campañas gubernamentales son de escasa duración e incitan indiscriminadamente a la denuncia, pudiendo inducir a un grave error a las mujeres que denuncien sin ponderar el riesgo que pueden padecer y frente al que no se les dota de los recursos necesarios para salvaguardar su integridad física.

     

  8. En La Camapaña gubernamental de formación de funcionarios de servicios sociales, Educación, Justicia, Fuerzas y cuerpos de seguridad, Policía Local y Nacional, y Sanidad se ha prescindido de la experiencia de las Asociaciones de Mujeres en este campo. Además estos funcionarios no cuentan con instrumentos eficaces de prevención, detección, investigación y sanción de las conductas violentas y de protección y rehabilitación de las víctimas.

     

  9. El protocolo sanitario elaborado no ha sido suficientemente divulgado entre los profesionales afectados, de forma que se garantice un aplicación, mientras que ha dejado de aplicarse el Plan de Coordinación para la Violencia Sexual que entró en vigor en el año 1987.

     

  10. En la puesta en marcha del Programa de Policía-Familia, y con la instauración del Servicio de Atención a la Familia, se están desmantelando el Servicio de Atención a la Mujer, que atendía específicamente las infracciones relacionadas con la violencia de género.

     

  11. Hasta el momento no se ha llevado a cabo por el Gobierno ningún estudio sobre causas y consecuencias de la violencia ni sobre la eficacia de los instrumentos legales en vigor. Las Asociaciones de mujeres han sido marginadas en los estudios de investigación que se dice está llevando a cabo el Gobierno.

Al margen de la crítica a los citados Planes gubernamentales, hay que señalar que en la elaboración de un nuevo Código Penal, que finalmente entró en vigor en mayo de 1996, no se sancionaron determinadas manifestaciones de la violencia de género contra las mujeres, como el secuestro parental, y supuso un gran retroceso en la sanción de la violencia sexual que se produce contra menores e incapaces en el seno de la familia, que se limita a una pena de multa.

Por último, indicar que el Gobierno y el Instituto de la Mujer vuelven a dar muestras de su desprecio y marginación hacia las Asociaciones de Mujeres expertas, al omitir en su informe que han sido estas Asociaciones de Mujeres las que han continuando prestando muchos de los recursos y llevando a cabo las medidas recomendadas en la Plataforma de Acción, fundamentalmente en asesoramiento, investigación, divulgación de sistema de recursos, casas de acogida, servicios psicológicos y asistencia letrada, a fin de paliar las carencias que presentan los recursos desarrollados directamente por la Administración Pública, y por un costo menor, que en muchas ocasiones es sufragado por vía de subvenciones públicas sin garantía de estabilidad y continuidad y con el trabajo voluntario de muchas mujeres en servicios de asesoría jurídica, divulgación de recursos, y establecimiento redes de apoyo para mujeres víctimas de malos tratos.

Medidas que han adoptarse

a) En la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres:

 

  1. ELABORACIÓN Y PROMULGACIÓN de una Ley Integral para combatir con eficacia la Violencia de Género. El objetivo prioritario de la Ley ha de ser ordenar en un solo texto legal la normativa civil, penal y procedimental, al tiempo que se legislan la normativa básica que debe regir los recursos sociales más idóneos: Centros de Urgencia, Casas de Acogida y Centros de Recuperación Integral para mujeres y niños víctimas de la violencia de género. Esta normativa básica debe ir acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

     

  2. Sancionar efectivamente las agresiones que sufren las mujeres, como forma de responsabilizar al agresor por estas conductas. Si la sanción pecuniaria impuesta por una agresión repercute negativamente en la propia víctima, debería sustituirse, a petición de esta víctima, por trabajos en beneficio de la comunidad.

     

  3. No condicionar las medidas de protección para la víctima a la situación socio-económica del agresor, sino a la necesidad de su adopción para salvaguardar la integridad de la víctima.

     

  4. Sancionar penal las conductas de secuestro parental como delitos de detención ilegal o secuestro.

     

  5. Instaurar sistemas de coordinación y control de los órganos de la Administración de Justicia en la aplicación de la normativa vigente sobre violencia contra las mujeres.

     

  6. Garantizar la seguridad de la víctima que denuncia la violencia a través la una pronta e inmediata intervención policial que mejore la seguridad de la mujeres en situación de peligro, responsabilice inmediatamente al agresor y dote de un espacio seguro para la mujer.

     

  7. Ampliar de los recursos que son gestionados directamente por las Organizaciones de Mujeres y destinados a la recuperación integral de las mujeres, la investigación de causas y consecuencias de la violencia y de la eficacia de los instrumentos para erradicarla, la efectiva sanción de las agresiones, la formación de especialistas, etc., así como dotar a estos recursos de la suficiente continuidad y estabilidad, incompatible con el actual sistema de convocatorias de subvención anuales.

     

  8. Elaborar y poner en marcha programas de prevención para niños y adolescentes integrados en los programas educativos, especialmente con aquellos menores que han padecido una situación de violencia en sus familias.

     

  9. INSTAURACIÓN de un Órgano Consultivo sobre la violencia de género compuesto por representantes de las Organizaciones de mujeres expertas y las instituciones del Estado, con competencias tanto en la elaboración, puesta en marcha y seguimientos de los planes nacionales como en actuaciones específicas dentro de Política exterior. Dicho Órgano debe mantener relaciones entre sí desde una posición de igualdad, reconocimiento, y respeto absoluto a la independencia de las Organizaciones de mujeres.

     

  10. Establecer un estatus de permanencia de las mujeres emigrantes víctimas de violencia desligado del del agresor.

     

  11. Dar asilo político a aquellas mujeres emigrantes que huyan de la violencia de género en sus países de origen.

b) Estudio de las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres y eficacia de las medidas de prevención:

 

  1. Consultar y encargar a las organizaciones de mujeres expertas la realización de estudios sobre causas y consecuencias de la violencia, así como sobre la eficacia de las medidas de prevención.

c) Eliminar el tráfico de mujeres y prestar asistencia a las mujeres víctimas de la violencia derivada de esta actividad y de la prostitución:

 

  1. Dotar de permiso de residencia temporal a las víctimas del tráfico de mujeres y la prostitución que hayan manifestado su disposición a testificar en procesos judiciales.

     

  2. Proveer a las víctimas de tráfico de personas y explotación de la prostitución, de asistencia jurídica, médica, social y policial.

     

  3. Fomentar y apoyar la colaboración con las organizaciones no gubernamentales establecidas en los paísis de origen de estas víctimas para la realización de programas de prevención, asistencia y rehabilitación.

4. Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer

 

Varios elementos constituyen los elemento básicos de los mecanismos institucionales para el avance de las mujeres: los Planes de Igualdad, el maestraming, la interlocución y apoyo a las ONGs de mujeres y la Cooperación Internacional. El documento de seguimiento de la Conferencia de Beiging, presentado por el Instituto de la Mujer, se refiere a estos temas, al igual que el III Plan de Igualdad. No se hace referencia en ninguno de ambos documentos, a los indicadores de género, de los que si se hablaran en la Conferencia Regional de Ginebra.

En relación con el III plan de Igualdad se realizan las siguientes reflexiones: El III Plan debía recoger los compromisos marcados en la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, que se celebró en Pekin en septiembre de 1995, y en el IV Programa de Igualdad de la Unión Europea, compromisos que habían sido no solo aceptados sino, más aun, directamente impulsados en la etapa del Gobierno anterior, Y, de hecho ambos compromisos son mencionados en el III Plan y en el cuestionario de Beiging. Sin embargo su redacción y elaboración han estado muy lejos de marcar las pautas adecuadas para hacer realidad las medidas previstas y, por tanto, su ejecución y seguimiento, también han quedado muy por debajo de ambos compromisos.

A pesar de que la redacción del Plan de Igualdad y su posterior aprobación por el Consejo de Ministros es la ocasión para que las organizaciones de mujeres puedan explicitar sus necesidades y para que el Instituto de la Mujer consiga concretar un programa de acción, las organizaciones de mujeres que componen la Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres y la plataforma de Organizaciones feministas, no fueron consultadas, ni tenidas en cuenta, ni se negoció con ellas ninguna propuesta, ni actuación. Todo ello a pesar de que habían trabajado, entre ellas , en una serie de propuestas a plantear en relación con el III Plan de Igualdad, siguiendo la Plataforma para la Acción de la IV Conferencia Mundial de las Mujeres.

El III Plan se queda totalmente corto en relación a las medidas aprobadas en la Conferencia de Pekín, Las actuaciones que propone han perdido fuerza y alcance, son, practicamente ,caricaturas de las que allí fueron aprobadas.

No se trata de un Plan que define medidas concretas, sino de una declaración de intenciones y propuestas vagas, sin ningún tipo de cuantificación , en el que la mayoría de las propuestas se inician con términos del tipo "promover", "sensibilizar", "impulsar", en lugar de "realizar". Estas cautelas, que podían ser necesarias en los primeros planes, cuando se trataba de poner las bases para una política de igualdad, ya no son admisibles en este momento, en que las medidas necesarias han sido consensuadas a nivel mundial y existe una mayor sensibilidad y acuerdo en la población española.

Hay que decir que muchas de las actuaciones propuestas figuraban ya, con mayor concreción y detalle, en los planes anteriores, especialmente el II Plan, que se propuso ya la transformación de los hábitos de la sociedad española para hacer realidad la igualdad. El plan actual supone, en si mismo, un retroceso tanto en el alcance de las actuaciones propuestas como en la voluntad transformadora que lo sustenta, y que se muestra totalmente inconsistente.

Lo que plantea el III Plan , en el área de cooperación , y el documento de seguimiento de Beiging presentado por el Gobierno de España, en abril de 1999, es algo que el Instituto de la Mujer viene realizando desde sus inicios y que forma parte, por tanto, de su actividad habitual; suscribir convenios de colaboración con los Departamentos Ministeriales, Comunidades Autónomas, Corporaciones locales; Reunión de Consejo Rector, colaboración con el Defensor del Pueblo etc.

El mainstreaming o integración de la perspectiva de la igualdad de oportunidades en el diseño de las actuaciones en todos los ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales no ha estado desarrollado y en ocasiones ha servido de pretexto para eliminar alguna política u Organismo especifico de la mujer. El Plan de Empleo del Gobierno de 1998, presentado a la Unión Europea, no incluía el mainstreaming.

El fomento de la cooperación y la interlocución con las ONGS de mujeres. La ausencia de negociación del Gobierno de España con las ONGs de mujeres ha sido una constante, en estos últimos años. Esta situación ha sido denunciada en múltiples ocasiones por las propias ONGs. Sirva de botón de muestra los siguientes temas:

 

  1. En la elaboración y posterior aprobación , en marzo de 1997, del III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

     

  2. En el seguimiento e implementación de este III Plan de Igualdad.

     

  3. En el seguimiento de la Plataforma para la Acción de la IV Conferencia Internacional, celebrada en Pekín.

     

  4. En los Planes de Empleo, en todos los apartados, pero sobre todo la parte referida a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

     

  5. En el Plan contra la violencia doméstica y en la concreción de sus medidas.

     

  6. En los diversos proyectos de ley presentados por el gobierno que afectan a las políticas de género.

Nuestras propuestas:

 

  • Crear el Consejo de la Mujer como vehículo de cooperación de las organizaciones de mujeres con las Administraciones Públicas y los Organismos de Igualdad.

     

  • Promover la creación de los Organismos de Igualdad y de los Consejos de participación de la mujer y Planes de Igualdad de Oportunidades en Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.

     

  • Crear por ley la figura de la "Defensora de la Igualdad" como complemento de los atributos que tiene el Instituto de la Mujer, con la finalidad no solo de recibir denuncias por discriminación por razón de sexo sino para poder personarse ante los tribunales.

     

  • Cambiar el Reglamento del Congreso de los Diputados para que la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer sea Comisión Legislativa Permanente.

Cooperacion internacional

El III Plan de Igualdad habla de fomentar la Cooperación al Desarrollo prioritariamente con los países de América Latina y el Caribe y con otros países en vías de desarrollo como los de la región del Magreb. Esta es una política iniciada desde hace mucho tiempo por el Instituto de la Mujer, que ha jugado un papel de primer orden en transferir ideas, recursos y tecnología a las ONG de mujeres y a los organismos de igualdad de América Latina. Las actuaciones propuestas para este objetivo no suponen ningún avance, ninguna precisión, ningún compromiso. Por su inconcreción , hicieron temer un retroceso en toda el área de Cooperación Internacional, área en la que el Instituto de la Mujer tiene competencias exclusivas y que constituyó además un gran compromiso de solidaridad en Pekín.

Este retroceso se ha concretado en la disminución de las ayudas y subvenciones en más de un 33% en los proyectos que afectan a la salud sexual y reproductiva . Según las cifras dadas por la ONG Grupo de Interés Español en Población, Desarrollo y Salud Reproductiva (GIE).

 

5. Mujer y pobreza

 

Crítica general al documento del Gobierno en políticas dirigidas a combatir la pobreza

Teniendo en cuenta los objetivos estratégicos de la Plataforma de Pekín para erradicar la pobreza en los países miembros, hay que destacar que el informe del Gobierno sobre el cumplimiento de dichos objetivos no refleja la realidad de las acciones llevadas a cabo, ya que no se ha centrado en medidas macroeconómicas y estrategias de desarrollo (Objetivo A.1), ni en modificar leyes y prácticas administrativas para asegurar la igualdad de derechos (Objetivo A.2), ni en formular metodologías con perspectiva de género y realizar investigaciones con el fin de superar la pobreza (Objetivo A.4).

El informe del Gobierno en políticas específicas dirigidas a combatir la pobreza no plantea ninguna política estructural y se limita a programas puntuales y específicos que subvenciona a ONG's por la vía de los créditos del 0,5% del IRPF; y, a lo sumo, a Convenios puntuales con comunidades Autónomas y organismos públicos, dirigidos a colectivos en situación de exclusión, al margen de un Plan Integral de lucha contra la pobreza.

Asimismo, es de destacar que la situación de exclusión y marginación que viven los diversos colectivos de mujeres en España: inmigrantes, minoría gitana, mujeres con cargas familiares no compartidas ... son más bien abordadas desde la perspectiva de campañas y actuaciones puntuales de apoyo a colectivos sociales que trabajan en estas Áreas, que obviándose medidas legislativas y macroeconómicas que aborden la erradicación de la pobreza.

Propuestas:

Afrontar la lucha contra la pobreza desde una perspectiva de género supone avanzar hacia un nuevo Contrato Social Mujeres-Hombres que haga posible compartir responsabilidades familiares, empleo y poder. Para ello se precisa crear condiciones que permitan afrontar la exclusión social que las mujeres han tenido, derivado de la división de roles por razón de sexo, por la cual las normas jurídicas, los valores y el reparto de la riqueza han sido los ámbitos en los que se ha consolidado dicha exclusión.

Los objetivos han de plantearse desde una doble perspectiva:

 

  • Universalizar el derecho a la atención de unas necesidades básicas, consensuadas en el ámbito internacional y sus correspondientes derechos sociales universales, condición necesaria para que las mujeres no queden excluidas de dichos derechos.

     

  • Implantar la perspectiva de la individualización de derechossociales y económicos que permitan a las mujeres tener derechos por sí mismas y no derechos derivados de su condición de esposas, madres o hijas de los titulares.

Los mecanismos institucionales para enfrentarse a la pobreza y exclusión que afecta principalmente a las mujeres han de estar apoyados en la universalidad de los derechos de bienestar social:

 

  • Universalizar el derecho a la salud, a una educación general básica y a ingresos o rentas mínimas garantizadas, estableciendo para ello regímenes de Seguridad Social y bienestar basados en el derecho de ciudadanía.

     

  • Modificar la legislación en materia de inmigración y extranjería para permitir que las mujeres inmigrantes puedan tener los mismos derechos en materia de bienestar social básico que los residentes en los países receptores.

     

  • Desarrollar planes integrales de igualdad de oportunidades, con medidas específicas de lucha contra la pobreza, dirigidas a colectivos específicos de mujeres víctimas de marginaciones sociales concretas: minorías étnicas y sociales, mujeres inmigrantes, mujeres con cargas familiares no compartidas, mujeres privadas de libertad y exreclusas, mujeres afectadas por SIDA, drogadicción ...

     

  • Desarrollar planes integrales de desarrollo local en zonas deprimidas, con intervención de las instituciones públicas, ONG's, organizaciones sindicales y empresariales, orientados al desarrollo social en ámbitos territoriales concretos, afectados por la pobreza.
  • Incorporar la perspectiva de género en los estudios de lucha contra la pobreza y en las medidas y actuaciones de carácter estructural y específico.

6. Educación y capacitación de la mujer

 

Introducción

La Educación se considera un instrumento básico para alcanzar la Igualdad entre mujeres y hombres, siendo este el horizonte final al que se dirigen todas las resoluciones y recomendaciones de las diferentes Conferencias Internacionales sobre la Mujer y de forma muy especial la de Beijing de 1995.

La Plataforma para la Acción aprobada en la citada Conferencia está toda ella impregnada de resoluciones y recomendaciones a los Países firmantes sobre la utilización de la Educación como base en la búsqueda de la igualdad. Los artículos 24, 27 y 30 de un modo especial recuerdan la necesidad de adoptar todas las medidas que sean necesarias para eliminar la discriminación contra las mujeres y las niñas ( 24), promover el desarrollo sostenible...a través de la enseñanza básica, la educación permanente, la alfabetización y capacitación ..( 27). Y sobre todo en el árticulo 30 recomienda: Asegurar la igualdad de acceso y la igualdad de trato de hombres y mujeres en la educación y la atención a la salud y promover tanto la salud esxual y reproductiva de las mujeres como la educación. Garantizar el éxito de la Plataforma exigía un fuerte compromiso de los Gobiernos, más aún si tenemos en cuenta que de las 2/3 partes de los, aproximadamente, 960 millones de personas analfabetas que existen en el mundo son mujeres discriminadas en gran medida por la obligación que sobre ellas recae de compaginar las responsabilidades domésticas y las escolares (lo que da lugar a un bajo rendimiento y al abandono escolar a edades muy tempranas).

En el ámbito europeo las resoluciones de la Plataforma de Acción se han concretado en varios documentos de los cuales nos merecen especial atención el Cuarto Programa de Acción comunitario para la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres ( 1996-2000) y el Mainstreaming de género. En ambos la Educación es el instrumento básico para lograr el cambio de estereotipos, el cambio de mentalidades y en definitiva un cambio de actitudes. En el segundo cobran importancia las intervenciones concretas sobre la realidad para cambiar las actitudes. Para la Comisión Europea pasó el momento del análisis de la situación, ahora se trata de actuar sobre los aspectos concretos y para ello se recomienda fomentar las buenas prácticas y divulgarlas. Una vez más son los Países del Norte de Europa los pioneros que nos proponen la introducción de acciones concretas.

Respuesta gubernamental al Cuestionario sobre el seguimiento de las Areas de especial interés de la Plataforma de Acción

La lectura de los dos folios escasos en que el Gobierno, y en su nombre el Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, describe las intervenciones llevadas a cabo en cumplimiento de la Plataforma de Acción y de su concreción en el III PIOM contrastada con la realidad tal como recomienda el documento sobre mainstreaming de género deja ver una multitud de carencias, pero sobre todo pone de manifiesto un problema de planificación a nuestro parecer muy grave. Los diferentes Programas que se han llevado a cabo ya sean publicaciones o Actividades han llegado a una minoría, no han tenido seguimiento, no existe un Observatorio de Igualdad, no hay un seguimiento sobre los libros de texto, ni sobre los Formadores que los recomiendan y utilizan, no existen expertas itinerantes de género que expliquen a los diferentes Seminarios Didácticos de las distintas asignaturas de la ESO y de Bachillerato cuales son los compromisos de nuestro Gobierno para la consecución de la Igualdad.

Se subvencionan programas pero no se sigue su aplicación, se imparten cursos de Educación para la Igualdad pero no se revisan los textos que perpetúan día a día los estereotipos de género, todo sucede en compartimentos estancos como si se quisieran cumplir formalmente los requerimientos de la Comisión Europea y el resto de recomendaciones internacionales pero no se tuviera la convicción de que el objetivo de la Igualdad es algo en lo que se juega el futuro de las mujeres y hombres del próximo milenio.

Propuesta alternativa de las ONGS de mujeres:

a) Las propuestas:

     

  • Potenciar la posibilidad de que las mujeres sigan adquiriendo conocimientos pasada la juventud, alentando a las personas adultas.

     

  • Asegurar el acceso universal a la enseñanza básica y lograr que las niñas y los niños terminen la enseñanza primaria.

     

  • Eliminar la desigualdad por motivos de sexo en el acceso a todos los ámbitos de la enseñanza superior.

     

  • Aumentar la calidad de la educación, elaborando programas de formación para el personal docente y educativo, aumentando la comprensión de su propio papel en el proceso educativo y garantizando las mismas oportunidades para maestras y profesoras que a sus compañeros hombres. Así como fomentar la igualdad en los órganos directivos y de mayor responsabilidad de las instituciones educativas: Directoras de Seminarios, de Centros Públicos de ESO y de Bachillerato, Decanas de Facultades, Rectoras...

     

  • Formar a las/os Formadoras/es procurando el trasvase fluido de la Investigación a la Docencia pero sobre todo con la puesta en marcha de buenas prácticas.

     

  • Introducir la perspectiva de género como medio para lograr que la Igualdad se convierta en la transversal de todos los Programas educativos desde la Escuela Infantil hasta los Estudios Universitarios. No es una quimera ni una propuesta maximalista, Suecia lo tiene implantado.

     

  • Coeducar a los padres a través de las Asociaciones de Madres y Padres, para que desde el hogar se potencia la igualdad.

     

  • Promover, con el apoyo de madres y padres y su colaboración con el personal y las instituciones docentes, la elaboración de programas educativos que tengan en cuenta la igualdad.

     

  • Promover la enseñanza y la formación de las mujeres en el medio rural.

     

  • Proporcionar los recursos financieros necesarios para el sector educativo, considerando un aumento presupuestario para las necesidades educativas.

     

  • Fomentar la investigación básica sobre la Igualdad en la Educación convirtiéndola en tema prioritario del Programa Sectorial de I + D: Estudios de las Mujeres y del Género.

     

  • Proporcionar apoyo a los servicios de guardería o similar para que las madres puedan continuar su educación.

     

  • Potenciar las Asociaciones de Mujeres con subvenciones que les permitan la realización de cursos de educación y facilitar los materiales didácticos necesarios en cada caso.

     

  • Proporcionar a las mujeres y a las niñas información sobre las posibilidades y las ventajas de la formación profesional y elaborar programas para fomentar la participación en todos los programas de aprendizaje.

     

  • Prevenir la violencia contra las preadolescentes y adolescentes a través de los centros educativos como un Programa especial de Igualdad.

B) Los medios:

 

  • Análisis de la situación actual y publicación del Libro Blanco sobre la Educación, teniendo como objetivo la Educación para la Igualdad. El estudio debería ser realizado por expertas/os en género.

     

  • Introducir temas de género en los curricula escolares a todos los niveles como ya existe en otros países. Utilizar como elemento educativo los medios de comunicación, ya que la televisión influye específicamente en niñas/os y jóvenes, tanto en positivo como en negativo.

     

  • Como buena práctica crear la figura de experta itinerante de género que analice las situaciones concretas en centros escolares y explique a las/os Formadoras/es cómo se aplica la perspectiva de género y como se introduce la Igualdad como transversal de todas las materias curriculares.

     

  • Como buena práctica para luchar contra los estereotipos de género, recomendar a las chicas y chicos a elegir actividades y representar papeles que tradicionalmente se han adjudicado al sexo contrario.

     

  • Como buena práctica crear Seminarios mixtos: Investigadores - docentes para el transvase de la Investigación a la docencia en las diferentes Áreas de Conocimiento.

     

  • Como buena práctica el Instituto de la Mujer debería seleccionar a las/os expertas/os en las diferentes Áreas de Conocimiento que desde una perspectiva de género evalúen confidencialmente los Proyectos de I+D: Programa Sectorial: Estudios de las Mujeres y del Género y asegurar que las investigaciones subvencionadas desde un Plan Sectorial para fomentar Estudios de las Mujeres y del Género no se desvirtúen al ser evaluados desde perspectivas supuestamente neutras.

     

  • Como buena práctica el Proyecto ALBA, enmarcado en el Proyecto Comunitario LEONARDO, debería ir acompañado de: Incentivos a las empresas que den empleo a las mujeres formadas por el Plan, evitando así mayores fustraciones a las mujeres.

     

  • Que el estudio del impacto de género sea obligatorio en cualquier política pública.

     

  • Como tema emergente: Prevenir la violencia contra las mujeres desde la escuela, mediante formación, asesoramiento y recursos para los Departamentos de Orientación y Tutores, así como a los Sercicios Sociales y Salud.

7. Mujer y salud

 

La Plataforma de Acción de Beijing declara formalmente el derecho de las mujeres a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental; entendiendo la salud como un estado de pleno bienestar físico, mental y social; incluyendo así el bienestar emocional, social y físico de las mujeres y siendo determinada por el contexto social, político y económico en que se vive, así como por las características biológicas.

Al constatar que gran mayoría de las mujeres no goza ni de salud ni de bienestar (y siendo uno de los principales obstáculos para lograr el máximo grado posible de salud para las mujeres la desigualdad tanto entre mujeres y hombres como entre mujeres de distintas regiones geográficas, clases sociales y grupos indígenas y étnicos) la Plataforma considera imprescindible asegurar el derecho de todas las mujeres a disfrutar del más alto nivel posible de salud durante todo su ciclo vital en pie de igualdad con los hombres. De esta manera, desde la Plataforma se reclaman, entre otros aspectos, el incremento del acceso de las mujeres durante toda su vida a servicios de atención a la salud, a la información y los servicios relacionados adecuados, asequibles y de calidad; el fortalecimiento de los programas de prevención para mejorar la salud de las mujeres; emprender iniciativas no sexistas para hacer frente a las enfermedades de transmisión sexual, el virus del VIH/SIDA y otras cuestiones de salud sexual y reproductiva; promover la investigación y la difusión de información sobre la salud de las mujeres; y aumentar los recursos y realizar el seguimiento de la salud de las mujeres.

Estas recomendaciones de la Plataforma de Acción quedan en el documento presentado por el Gobierno fuertemente desnaturalizadas; siendo tal vez el mejor ejemplo el que se refiere a la salud reproductiva. Si la Plataforma declara el derecho de las mujeres a ejercer el control y decidir libre y responsablemente sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, libres de coerción, discriminación y violencia, el documento del Gobierno se limita a hablar del derecho a la obtención de información y al acceso a métodos de planificación familiar; de esta manera una de las conquistas más importantes obtenidas en Beijing es reducida al simple derecho a la información. Otras cuestiones que muestran un amplio déficit en el documento del Gobierno son el acceso a los servicios, manifiestamente desigual ya que no todas las mujeres pueden acceder en las mismas condiciones a las prestaciones sanitarias en los aspectos de salud sexual y reproductiva (IVE, anticonceptivos, servicios de planificación familiar) y salud mental (anorexia, bulimia, malestar de las mujeres, depresiones, demencias seniles, psicoafectivas...); el ajuste de la calidad de los servicios a las demandas reales; la promoción de las mujeres que trabajan en el ámbito de la salud; y las recomendaciones que desde la Plataforma de Acción se hacen en torno a la necesidad de establecer programas y servicios que incluyan campañas en los medios de comunicación que se ocupen de la prevención, detección y tratamiento del cáncer de mama y otras enfermedades.

Por todo ello reclamamos:

 

  1. La necesidad de acomodar la estructura sanitaria a las demandas de las mujeres (anorexia, bulimia, alzheimer, salud mental, SIDA-VIH, etc.) con personal técnicamente preparado.

     

  2. Que el soporte del cuidado de la salud en el ámbito familiar no recaiga en las mujeres exclusivamente, por lo que se deben crear servicios sanitarios y de apoyo. En este sentido manifestamos nuestra alarma acerca de que la implicación de los servicios se traduzca en una reducción de las partidas presupuestarias y en la privatización, haciendo así precaria la situación de las trabajadoras de estos servicios.

     

  3. Que las políticas y medidas sanitarias aseguren la atención a la salud de todas las mujeres incluyendo a todas las mujeres inmigrantes, independientemente de que su situación sea legal o ilegal.

     

  4. Que se cumplan los acuerdos en materia de cooperación internacional destinando un mayor porcentaje de la ayuda oficial al desarrollo a los programas de educación y salud de las mujeres.

8. Mujer y medios de comunicación

 

La Plataforma de Acción de Beijing reconoció el impacto que los medios de comunicación tienen en las políticas estatales, las actitudes personales y el comportamiento de niñas y niños, y de los jóvenes particularmente; por eso no deja de sorprender la atención mínima que el Gobierno demuestra en su documento por este área. Entre las ocho actuaciones previstas en el III Plan de Igualdad sobre el área de Medios de Comunicación no encontramos ninguna que recoja alguna actuación acerca de la publicidad no sexista, que sólo se menciona en relación a la Administración central del Estado, y ello pese a la recomendación explícita de la Plataforma de suprimir la proyección constante de imágenes negativas y degradantes de las mujeres. Baste como ejemplo un reciente estudio en el que se demuestra que alrededor del 70% de los anuncios de juguetes muestran contenidos sexistas.

A pesar de la manifiesta importancia del área, los planteamientos de la Plataforma de Acción de Beijing no han sido tenidos en cuenta en el documento del Gobierno mas que de forma superficial y sin que se demuestre ningún interés real por el tema.

9. Mujer y el medio ambiente

 

Los acuerdos de actuación con relación al objetivo 6.1 ("fomentar la participación activa de las mujeres en los programas de medio ambiente del") del III Plan para la Igualdad de Oportunidades aprobado por el gobierno español en marzo de 1997 han sido ampliamente incumplidos.

Según el gobierno, en de junio de 1998 se habían llevado a cabo el 33% de los objetivos mediante la realización de cinco cursos de Gestión Ambiental, cinco cursos de Residuos Urbanos y un curso más de Gestión Ambiental desarrollado en colaboración con la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid y cuya duración fue de 200 horas.

En la respuesta del gobierno español al cuestionario de División de la ONU para conocer el avance de las mujeres en cuanto a la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing en el área de "mujer y medio ambiente", desde el punto de vista de la Plataforma, observamos que pese a que el objetivo de esta área es fomentar la participación activa de las mujeres en los programas de medio ambiente, promoviendo el uso racional de los recursos y el consumo y la utilización de tecnologías y métodos de producción respetuosos con la naturaleza, el medio ambiente tiene escasa importancia para el gobierno y refleja un incumplimiento importante de los objetivos del III Plan para la Igualdad de Oportunidades.

Por todo ello, desde la Plataforma, queremos resaltar nuestra preocupación en relación a los siguientes problemas:

 

  1. No se ha hecho llegar a las mujeres ninguna información para que como consumidora conozca mejor los productos, su relación con las tecnologías limpias, su relación con la salud familiar y ambiental y su relación con el desarrollo sostenible.

     

  2. ;No conocemos actuaciones en con el impulso a participar en la recuperación de espacios urbanos, ni rurales; por lo que las mujeres tampoco hemos podido acceder al conocimiento acerca de cómo se puedan implementar dichas acciones.

     

  3. Respecto a la incorporación de las asociaciones de mujeres a los niveles de decisión, desgraciadamente y a pesar de que la titular máxima responsable en nuestro país es una mujer, este nombramiento no ha producido los efectos en cascada deseables para facilitar el acceso de las mujeres a la toma de decisiones. Por lo tanto, tampoco se ha producido este efecto en la "organización del territorio" ni en la "planificación urbana", a pesar de existir un reconocimiento de la necesidad de tener en cuenta, al menos, el punto de las mujeres en estas materias.

     

  4. Con relación a la formación, si bien se han desarrollado algunas acciones aisladas, resulta a todas luces insuficiente por cuanto la mayoría de las mujeres desconoce cualquier dato relacionando nuevas tecnologías con medio ambiente.

     

  5. Aunque a las mujeres se nos impulsa hacia la creación de pequeñas y medianas empresas, que habitualmente son menos contaminantes, no tenemos constancia tampoco de que se haya puesto en práctica ningún servicio de asesoramiento técnica en esta materia.

     

  6. Lo primero que necesitamos las mujeres es información relacionada con conceptos tan arraigados en el lenguaje actual como el "desarrollo sostenible" y desconocemos la existencia de campañas informativas en este sentido.

     

  7. En cuanto al fomento de la participación de las mujeres en actividades relacionadas con el turismo ecológico, aunque se haya trabajado en este sentido con las mujeres rurales, no parece haberse incluido la perspectiva medioambiental que es una exigencia para el mantenimiento del medio ambiente.

Queremos resaltar finalmente, el grave incumplimiento en materia medioambiental de los objetivos del III Plan para la Igualdad de Oportunidades que supuestamente en nuestro país introduce los compromisos adquiridos con la Plataforma para la Acción de la IV Conferencia Mundial de las Mujeres de Beijing. Podemos afirmar que en España, ni las personas más relacionadas con el medio ambiente como son las mujeres rurales, ni aquellas que habitan en el medio urbano, ni tampoco las potenciales empresarias, consumidoras o activistas mediambientales, están recibiendo la información ni la formación necesarias para poder colaborar en la labor de hacer más habitable el planeta tierra.

 

10. Mujer y conflictos armados

 

El área de Conflictos Armados fue recogida en la Plataforma de Acción de Beijing por ser unos de los obstáculos más relevantes que impiden el avance de las mujeres hacia la igualdad y el disfrute pleno de los Derechos Humanos. Entre los objetivos estratégicos que se contemplan en la Plataforma destacamos los siguientes:

 

  • Incrementar y fortalecer la participación de las mujeres en la solución de los conflictos y en el proceso de toma de decisiones y protegerlas en las situaciones de conflictos armados y de otra índole y a las que viven bajo ocupación extranjera.

     

  • Reducir los gastos militares excesivos y limitar la disponibilidad de armamentos.

     

  • Promover formas no violentas de solución de conflictos y reducir la incidencia de las violaciones de los derechos humanos en las situaciones de conflictos.

     

  • Promover la contribución de las mujeres al logro de una cultura de paz.

     

  • Proporcionar protección, asistencia y capacitación a las mujeres refugiadas y desplazadas que necesiten protección internacional, así como a las desplazadas itinerantes.

     

  • Proporcionar asistencia a las mujeres de las colonias y de los territorios no autónomos.

Nosotras constatamos que no se han cumplido ninguno de los objetivos estratégicos contemplados en la Plataforma de Acción de Beijing. El documento presentado por el Gobierno para responder al cuestionario de la ONU se limita a citar el área de Conflictos Armados en una reseña final del mismo. Por ello, sería recomendable y deseable que, entre otras medidas, se introdujese la perspectiva de Género en la Ley de Asilo y Refugio para así garantizar la igualdad de trato con los hombres respectos a los procedimientos de determinación del estatuto de refugiada y la concesión de asilo; y no dejar fuera de la jurisdicción crímenes contra las mujeres amparándose y justificándose en normas religiosas, culturales y familiares.

 

11. Derechos humanos de las mujeres

 

El área de los Derechos Humanos de las Mujeres ha desaparecido del documento presentado por el Gobierno para responder al cuestionario de la ONU. El documento no la contempla como específica al estar incluida ímplícitamente en el resto de las áreas y al actuar los Derechos Humanos de las Mujeres como principio rector de cada una de las medidas adoptadas. Aunque esto es en parte cierto, nosotras creemos que sería necesario, y no reiterativo, entresacar de cada área las medidas propuestas para promover y proteger todos los derechos humanos de las mujeres y resaltarlas en un apartado propio dada su importancia. Por otro lado mantenemos que hay una grave deficiencia en la transversalidad de este tema y más concretamente en la aplicación y adaptación de los Derechos Humanos de las Mujeres a la singularidad de cada uno de los colectivos de mujeres.

Desde esta perspectiva los objetivos de la Plataforma de Beijing siguen vigentes:

 

  • Asegurar la plena implementación de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas como una parte inalienable, integral e indivisible de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

     

  • Fortalecer y apoyar la aplicación de todos los instrumentos de derechos humanos para combatir los problemas enunciados en la Plataforma ( tráfico de mujeres y niñas, la explotación sexual, la violencia de todo tipo, para combatir la pobreza, la marginación y la falta de acceso a la salud, a la educación, al empleo y a los recursos, incluido el derecho al desarrollo) mediante la cooperación internacional.

     

  • Dar prioridad a la promoción y protección del disfrute pleno y en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, sin distinción de ningún tipo en cuanto a raza, color, sexo, lengua, religión, opiniones políticas o de otra índole, orígenes nacionales o sociales, propiedad, nacimiento u otra condición.

     

  • Adoptar medidas urgentes para combatir y eliminar la violencia contra las mujeres que constituye una violación de los derechos humanos derivada de prácticas perjudiciales relacionadas con la tradición o la costumbre, los prejuicios culturales y los extremismos.

     

  • Garantizar la igualdad y la no discriminación ante la Ley y en la práctica del derecho

Estos presupuestos firmados en Beijing han sido incumplidos por el Gobierno en la actual reforma de la Ley de Extranjería. La contrarreforma del Gobierno a la Ley recoge más el concepto restrictivo de la Normativa de Migración de la Unión Europea que las resoluciones de Beijing. Frente a estas actuaciones, nosotras proponemos:

 

  • Reformar la Ley de Extranjería en pro de la integración social de las mujeres y hombres inmigrantes y garantizar la protección de sus Derechos Humanos. Y a su vez proporcionar protección, asistencia y capacitación a las mujeres refugiadas, inmigrantes o desplazadas.

     

  • Asegurar la plena implementación de los Derechos Humanos, no dejando fuera de la jurisdicción los crímenes contra las mujeres que se amparan y justifican en normas religiosas, culturales y familiares.

12. Niñas

 

El Instituto de la Mujer, en su Informe remitido a la División para el Adelanto de la Mujer -NN.UU.- sobre la aplicación de la plataforma de Beijing, no ha dado un tratamiento específico al área referida a las NIÑAS. Hecho que contradice el principio de la Convención sobre los Derechos del Niño/a, adoptada por NN.UU., el 20 de Noviembre de 1989, y supone un incumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing/95. Nosotras creemos que los problemas de las niñas no pueden sólo resolverse de manera transversal. En este mismo sentido mantenemos que la omisión del colectivo niñas es algo que cabe catalogar como maltrato institucional y que por lo tanto la primera reclamación es que las administraciones públicas visibilicen a las niñas.

Desde este planteamiento los objetivos y medidas acordados en Beijing siguen vigentes:

 

  • Eliminar todas las formas de discriminación contra las niñas.

     

  • Eliminar las prácticas y actitudes culturales negativas contra las niñas

     

  • Promover y proteger los derechos de las niñas y promover el reconocimiento de sus necesidades y posibilidades.

     

  • Eliminar la discriminación contra las niñas en la educación en el desarrollo de capacidades y en la formación profesional.

     

  • Eliminar la discrimanción contra las niñas en el ámbito de la salud y la alimentación

     

  • Eliminar la explotación económica del trabajo infantil y proteger a las niñas que trabajan

     

  • Erradicar todas las formas de violencia, de explotación sexual y laboral, las violaciones y el incesto, y evitar el abandono de la escuela, el matrimonio y la maternidad en edades tempranas y promover y proteger los derechos de las niñas.

     

  • Educar a las niñas para favorecer su participación en la vida social, económica y política

     

  • Fortalecer la función de la familia en cuanto a la mejora de la situación de las niñas

Es nuestro deber afirmar que las niñas constituyen un sujeto de derechos, que las niñas tienen derecho a la participación directa, sin discriminación respecto a los niños. El Gobierno no ha desarrollado ninguna política dirigida a la protección de los derechos de las niñas y a la promoción del reconocimiento de sus necesidades y posibilidades, por todo ello denunciamos:

 

  • La inexistencia de indicadores sociales, con contenido de género. Un análisis "general", no desagregado por sexos, es una información sesgada, que no permite identificar las desigualdades, haciendo invisibles los problemas que afectan específicamente a las niñas.

     

  • La escasa dotación de medios que reciben los programas de "Coeducación" en las escuelas para su puesta en práctica de manera efectiva.

     

  • La reproducción en las escuelas de los valores patriarcales, que someten a las niñas al dominio de los niños.

Frente a estas denuncias, nosotras proponemos los siguientes objetivos y medios:

 

  • La adopción de medidas que promuevan la protección socio-cultural de las niñas.
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    • La adopción de medidas para la erradicación de todas las formas de explotación sexual de las niñas (Prostitución infantil, pornografía infantil, tráfico de menores), debiendo impulsar para ello medidas legislativas y policiales, y políticas de prevención, de recuperación y reinserción social de las víctimas.
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    • La eliminación del trabajo infantil (niñas utilizadas para la mendicidad, en economía sumergida, en negocios familiares, etc)
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    • Promover el derecho de las niñas a recibir una educación no sexista ( sin la presión de tener que comportarse según estereotipos predeterminados), y a recibir una educación suficiente que les permita acceder a su desarrollo individual y social, y a tener en el futuro una independencia económica. Por ello proponemos la formación específica en materia de género de todos los profesionales que traten con niñas (personal educador, sanitario y servicios sociales).
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    • Crear indicadores de género que nos digan cual es la realidad específica de las niñas.