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Source:
http://www.iiav.nl/european-womenaction-2000/countries/reports/spain1.html
Plan alternativo a la respuesta del Gobierno español al
cuestionario de la ONU, BEIJING + 5
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Evaluación crítica global de la respuesta presentada por el
gobierno español en abril de este año al cuestionario de la División
de la ONU para conocer el avance de las mujeres en cuanto a la
implementación de la Plataforma de Acción de Beijing, señalando las
carencias e inexactitudes y el impacto de las medidas adoptadas en este
periodo de tiempo.
Propuestas y medidas aportadas por las ONG's de expertas de
acuerdo con los objetivos estratégicos definidos por áreas para la
Plataforma de Acción de Beijing, tratando de identificar temas
emergentes, buscando patrones, proponiendo como ejemplos buenas prácticas
de eficacia probada y haciendo recomendaciones para seguir adelante en
la lucha por la igualdad de oportunidades de las mujeres.
I. Nuevo Contrato Social entre mujeres y hombres
Aceptando que el inicio del cambio en la situación de las mujeres tiene su
origen hace más de dos siglos, ha sido la segunda mitad del XX el escenario
temporal en el que los cambios se han acelerado sustancialmente. Igual que
la globalización de la economía, la revolución tecnológica o el
desarrollo de los medios de comunicación son datos de partida para entender
la realidad de este fin de milenio, las variaciones en los patrones de
natalidad, en la estructura familiar, en el mercado laboral y hasta en la
fisonomía de las ciudades son hoy hechos ineludibles y en buena parte
consecuencia de los cambios protagonizados por las mujeres. Esto nos obliga
a considerar el género como una variable determinante en cualquier esfuerzo
para avanzar perspectivas de futuro.
Es evidente que aunque las mujeres somos iguales que los hombres en
inteligencia, en voluntad y en capacidad de trabajo, las desigualdades entre
los sexos son constatables aún en la sociedad española actual, y la razón
es que esta sociedad continúa sin ofrecer las mismas oportunidades a
hombres y mujeres.
Pese a los logros conseguidos, las mujeres hemos sido relegadas, hasta
hace unas décadas a un papel subordinado. La organización de la sociedad
en el pasado se asentó en un modelo, un contrato oculto o no escrito entre
hombres y mujeres, basado en lo que feminismo y marxismo coincidieron en
denominar división sexual del trabajo y que describía un sistema
organizativo y de producción con asignación de papeles diferentes a
hombres y mujeres. Los hombres detentaban el monopolio de lo público,
trabajaban por un salario o unos beneficios y desempeñaban los puestos que
en la organización social suponen responsabilidad, toma de decisiones y
poder. Las mujeres, en cambio, vivían y se dedicaban al ámbito privado de
la familia, las tareas domésticas o el cuidado de las personas
dependientes.
En los últimos años se han producido muchos cambios y este viejo
modelo, que podemos considerar como un contrato social implícito, está en
crisis y tiene muchas y serias fisuras. La división del mundo en dos
mitades ya no sirve, este modelo ha perdido racionalidad a medida que la
sociedad va cambiando y surgen problemas y disfunciones que afectan al
conjunto de la sociedad. Las mujeres estamos modificando nuestra parte de
este contrato social implícito sin que los hombres lo hagan también y sin
que cambien las condiciones del contexto en el que se sitúa la relación
entre los dos sexos.
Se han producido muchos cambios en las leyes, en el acceso a la educación,
en el empleo, en la participación en la cultura e incluso en la presencia
de las mujeres en la política. Sin embargo en muchos aspectos de la vida
cotidiana, pública y privada, las cosas siguen funcionando como si la
antigua división de tareas fuera un orden natural inalterable.
Pero el viejo modelo ya no sirve, no sirve la antigua división del mundo
en dos mitades excluyentes. Se trata ahora de plantear una alternativa, de
buscar soluciones relacionadas con una distribución más igualitaria de los
tiempos y los espacios, se trata en definitiva de que ambos sexos, que ya
comparten en buena medida los niveles de formación y cualificación,
compartan también el trabajo, la familia, el ocio o el poder. Es necesario
desarrollar un Nuevo Contrato de Género entre mujeres y hombres basado
en la corresponsabilidad, que no complementariedad de ambos sexos, un nuevo
contrato que nos permita compartir el trabajo asalariado, compartir las
responsabilidades familiares y el cuidado de las personas dependientes,
compartir el poder y la toma de decisiones; en definitiva compartir la vida.
Concretar la filosofía de este Nuevo Contrato de Género es un desafío
importante y parte de la premisa de que este desafío no nos incumbe
solamente a las mujeres sino al conjunto de la sociedad.
Compartir la familia y el trabajo doméstico. En la actualidad no
existe ninguna razón, ni siquiera de tipo económico, que justifique que
las mujeres nos especialicemos en el trabajo doméstico, pero continuamos
siendo quienes se ocupan de la familia, la casa y el cuidado de los hijas/os
y personas dependientes.
Si las mujeres que trabajan fuera de casa quieren desarrollar una carrera
profesional de baja intensidad, asumiendo la carga del trabajo doméstico y
los cuidados familiares y dando prioridad a la carrera profesional de su
pareja, han de enfrentarse inevitablemente a la doble jornada. Pero si además
quieren desarrollar una carrera profesional competitiva no pueden trabajar
lo mismo que un hombre, sino que deben mostrar una dedicación y esfuerzos
superiores, sobreactuarse, para que sus pretensiones sean tomadas en serio.
O aceptamos que las mujeres sigamos jugando un papel secundario en el
trabajo asalariado o estamos exigiéndonos una doble jornada excepcional, aún
suponiendo (que es mucho suponer) un reparto equilibrado de las tareas domésticas
y familiares.
El Nuevo Contrato Social exige un cambio institucional. Se requieren
servicios sociales que asuman las tareas que anteriormente desempeñaba la
familia (fundamentalmente las mujeres): escuelas infantiles y ayuda a
domicilio o teleasistencia. Es necesario garantizar la creación de escuelas
infantiles y colegios con horarios flexibles, acordes a las necesidades de
hombres y mujeres. Los servicios públicos no pueden seguir funcionando
sobre la base de que las mujeres tenemos todo el día libre y los hombres
carecen de responsabilidades familiares.
La actual duración de la jornada laboral es incompatible con el reparto
equilibrado de las tareas familiares y domésticas, y la extensión del
trabajo a tiempo parcial, aunque ofrece algunas oportunidades a muchas
mujeres porque parece una solución a su medida, simultáneamente refuerza
la imagen de que los hombres trabajan más horas. Es preciso adecuar los
horarios de trabajo de modo que hombres y mujeres puedan llegar a casa a
horas razonables, colaborando en las tareas cotidianas, educando a hijos e
hijas, y participando en el entorno social y ciudadano.
No podemos olvidar tampoco que en el seno de la familia asistimos
diariamente a una sucesión de crímenes y escenas de violencia y maltrato físico
y psicológico por parte de maridos o compañeros contra sus mujeres o
ex-mujeres. Cada año en España mueren entre 50 y 100 mujeres y otras miles
sufren continuamente problemas de acoso y violencia conyugal. La violencia
doméstica y sexual atropella los derechos más fundamentales de las mujeres
y es una muestra clara de la situación de discriminación e indefensión en
que nos encontramos.
Para compartir el trabajo necesitamos una nueva política de
empleo que garantice a las mujeres un puesto de trabajo en igualdad de
condiciones, Sin esa política las mujeres seguiremos siendo las más
perjudicadas, no se podrá poner freno al desempleo (la cuota de desempleo
femenino dobla a la masculina) ni a la pobreza; las mujeres continuaremos
ocupando empleos de baja calidad y escasa cualificación profesional, nos
mantendremos en las peores posiciones en términos de temporalidad de los
contratos y de eventualidad en contratos parciales, además de continuar
trabajando en sectores tradicionales y no en sectores con futuro (en ámbitos
como la electrónica, telecomunicaciones o informática, las mujeres
ocupamos sólo el 20% de los puestos de trabajo existentes), y cobrando
hasta un 30% menos de salario por desempeñar empleos de igual valor.
Es necesario también que esa nueva política de empleo contemple medidas
que hagan realidad la igualdad, e impidan la discriminación de las mujeres
respecto a los hombres para acceder a un puesto de trabajo o a la promoción
profesional. Se trata también de cambiar las expectativas de las empresas
(y de los sindicatos) sobre la dedicación de las mujeres al trabajo.
Además, la actual duración de la jornada laboral no es inevitable, a la
vista del incremento de la productividad, y resulta muy inconveniente para
cualquier intento de racionalizar la vida familiar. El reparto de las tareas
domésticas y una relación con los hijos/as más equilibrada exige disponer
de más tiempo libre en cada jornada y a lo largo del ciclo profesional. La
reducción generalizada del horario laboral es un objetivo para conseguir a
la vez bienestar familiar y reparto de las tareas domésticas, así como un
reparto más equilibrado del empleo.
Compartir el poder y la toma de decisiones es otro de los pilares
sobre los que se asienta este Nuevo Contrato de Género, denominado Nuevo
Contrato Social entre mujeres y hombres, y éste es precisamente uno de los
espacios en los que más resistencia hay al cambio. Llama poderosamente la
atención que las transformaciones habidas en ámbitos como la educación o
el empleo se hayan reflejado tan poco en otras áreas. No hay más que echar
un vistazo a los ámbitos de poder político, económico o mediático para
percibir la ausencia de mujeres, o lo que es lo mismo, la sobrerepresentación
de hombres. Cualquiera que sea el nivel en que observemos, nacional,
regional o local, sin olvidarnos de los organismos internacionales, las
mujeres somos una minoría cuando se trata de tomar decisiones.
Las decisiones económicas, las decisiones políticas, las decisiones que
desde el poder definen el rumbo de nuestra sociedad, las toman casi
exclusivamente los hombres. La sociedad está compuesta por hombres y
mujeres, pero está dirigida por hombres.
Hay barreras que impiden o dificultan la entrada y participación de las
mujeres en el poder, se trata de un problema estructural y no coyuntural.
Este denominado techo de cristal que impide avanzar a las mujeres, se
debe a la sobrecarga que supone la política junto a las responsabilidades
familiares y al trabajo asalariado, a la falta de socialización de las
mujeres para el poder y la toma de decisiones y a la ausencia de modelos válidos
en este sentido.
Esto no es así porque las mujeres seamos menos inteligentes, tampoco
porque tengamos menos capacidad de trabajo, porque conozcamos peor las
necesidades de la gente o lo que es mejor para el conjunto de la sociedad.
Se trata de una grave anomalía democrática, de un déficit democrático, y
puede que la verdadera democracia exista cuando también en política el número
de mujeres incapaces sea igual al de los hombres de la misma condición.
Debemos tomar conciencia de que seguir ignorando la capacidad de las
mujeres supone además de una injusticia, un despilfarro de inteligencia y
de capacidad de trabajo de la mitad de nuestra sociedad. Es necesario
garantizar esta igualdad mediante la adopción de medidas positivas
encaminadas a lograr la democracia paritaria en todas las instancias de
representación y decisión, públicas y privadas, así como en los poderes
económicos, políticos y mediáticos.
Propuestas y medidas para compartir las responsabilidades familiares
- Someter a evaluación todas y cada una de las medidas que buscan
facilitar la compatibilización entre vida laboral y responsabilidades
familiares.
Evaluar el impacto de todas las políticas públicas, tanto en el diseño
como en los resultados.
Universalizar las prestaciones y servicios del estado del bienestar
garantizando la atención de niños y niñas, personas mayores y
personas enfermas y creando además empleos de proximidad en estos
sectores.
Establecimiento de redes escolares infantiles y colegios con horarios
flexibles acordes con las necesidades del mercado de trabajo y las
familias.
Promoción de medidas que posibiliten e incentiven a los varones a
asumir responsabilidades familiares y domésticas, actuando tanto en la
sensibilización como a través de acciones en el ámbito del empleo y
las excedencias laborales. El permiso parental de cuatro semanas debería
ser un derecho individual del padre, perdiéndose en caso de no
disfrutarlo. Consideración como cotización a todos los efectos de
Seguridad Social de las excedencias por cuidado de familiares,
garantizando durante todo el periodo la reserva del puesto de trabajo.
Propiciar la compatibilidad efectiva entre el derecho a la maternidad
y el derecho al trabajo remunerado de las mujeres mediante la creación
de una nueva red de escuelas infantiles que facilitaría además la
incorporación de miles de madres al mercado laboral.
Medidas especiales para erradicar la violencia contra las mujeres que
se detallan más adelante.
Propuestas y medidas para compartir el trabajo
- Ampliar el concepto de trabajo al no asalariado que realizan
mayoritariamente las mujeres en la familia.
Reordenación y reducción del tiempo de trabajo (tanto en lo que se
refiere a la jornada laboral como al ciclo profesional vital) no sólo
para generar empleo sino también para compatibilizar un salto
cualitativo en el reparto de responsabilidades familiares y domésticas:
- Posibilidad de negociar las horas y el horario de trabajo de
acuerdo con los planes de vida y los compromisos familiares, tanto
en las empresas privadas como en las administraciones públicas.
Ampliación de las excedencias sin sueldo por motivos familiares.
Universalización de actividades extracurriculares de tarde para
los escolares, organizadas por los ayuntamientos.
Ampliación mediante turnos de trabajo de 9 a 21 de los horarios
de atención al público en todos los servicios públicos
administrativos.
Mejorar la regulación del empleo a tiempo parcial, tanto en los
aspectos laborales como en los de protección social y facilitar el tránsito
voluntario del trabajo a tiempo parcial al trabajo a tiempo completo y
viceversa.
Reordenación del sistema de bonificaciones y subvenciones a las
empresas propiciando la contratación de mujeres paradas de larga duración
y mayores de 45 años, y jóvenes en busca de un empleo estable.
Creación de un nuevo Sistema de Formación Profesional, incentivando
la formación reglada, ocupacional y continua de las mujeres hacia los
sectores en los que está subrepresentada, como sectores industriales de
alta productividad, telecomunicaciones e informática.
Fomentar el desarrollo de nuevos yacimientos de empleo y de los
empleos de proximidad con el doble objetivo de incrementar la ocupación
tanto de mujeres como de hombres por un lado y apoyar el cuidado de
personas dependientes, por otro. Con estas medidas se conseguirán
aflorar una serie de trabajos que realizan las mujeres sin remuneración
alguna, a costa de su desarrollo personal y profesional.
Propuestas y medidas para compartir el poder y la toma de decisiones
- Recopilación y divulgación de las estadísticas sobre participación
de mujeres en la toma de decisiones para hacer visible su
subrepresentación, la democracia incompleta y el déficit democrático.
Sensibilización social sobre la importancia de la participación
igualitaria de hombres y mujeres en la toma de decisiones. Una
participación igualitaria de ambos sexos generaría ideas, valores y
comportamientos diferentes que conducirían a un mundo más justo y
equilibrado para toda la sociedad.
Reforma de la Ley Electoral que garantice la democracia paritaria o lo
que es lo mismo, que asegure que en las listas electorales y por
consiguiente en las instituciones públicas (gobierno, cortes generales,
parlamentos autonómicos y ayuntamientos) la presencia de hombres y
mujeres sea equilibrada -ni más del 60% ni menos del 40%- impidiendo la
actual situación de discriminación hacia la mujer y facilitando que
toda la sociedad esté representada de un modo más justo. En España,
PSOE e IU ya antes de las elecciones generales de 1989 introdujeron el
sistema de cuotas que se ha ido perfeccionando y ampliando
posteriormente. El Partido Laborista inglés, el Partido Socialista
francés e incluso la Democracia Cristiana alemana han introducido
acciones positivas similares. Sería deseable que el resto de los
partidos democráticos europeos y españoles hicieran lo mismo.
Introducción de la democracia paritaria en todas las instancias de
representación y decisión de las organizaciones de participación
social y política, especialmente en las instituciones públicas,
partidos políticos, sindicatos, colegios profesionales, órganos
constitucionales, entes públicos independientes y organismos de
regulación del mercado, movimiento juvenil, movimiento asociativo,
economía social, voluntariado, ONG's y tercer sector; sin olvidar la
representación paritaria en los poderes económicos privados.
Articulación de redes entre organizaciones y grupos de mujeres y
mujeres militantes de partidos políticos, a fin de establecer modelos y
patrones de buenas prácticas.
Reconocimiento de las organizaciones de mujeres como interlocutores
sociales no sólo en los temas directamente relacionados con ellas, sino
en una construcción más amplia del cambio social como negociaciones de
convenios colectivos, reorganización del tiempo de trabajo, reformas
educativas y políticas de empleo.
Impulsar una Ley de Igualdad para el desarrollo de acciones positivas.
Creación de la defensora de la igualdad encargada de vigilar
la aplicación de todas las políticas de igualdad. Esta figura jurídica
existe en algunos piases del norte de Europa con muy buenos resultados.
II. Crítica a la respuesta del Gobierno español al cuestionario de la
ONU
En las últimas décadas las mujeres de todo el mundo han sido sujetos y
objetos de gran parte de las transformaciones, revoluciones y cambios que
han tenido lugar. En este contexto son cada vez más mujeres, como
protagonistas de estos cambios, las que han tomado conciencia del poder que
individual y colectivamente tienen para conseguir, junto con los hombres, la
igualdad, el desarrollo y la paz.
Estos tres objetivos fueron así definidos como prioritarios en la IV
Conferencia Mundial sobre las Mujeres celebrada en Beijing (China) en 1995,
conferencia que puede considerarse como el cénit de anteriores propuestas
en pro de la igualdad (Decenio de las Mujeres, 1975-1985; Conferencia de
Nairobi, 1985; Conferencia sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo,
1994..., todas ellas organizadas por Naciones Unidas).
La IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, Beijing 95, introdujo dos
hitos fundamentales: por primera vez se consiguieron traspasar las barreras
culturales, religiosas y étnicas que anteriormente fueron un obstáculo
para la concienciación global de las mujeres, y elaborar un proyecto de
acción común hacia la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres.
Por otra parte, a través de la Plataforma de Acción, Beijing no se quedó
en una simple declaración de palabras sino que se concretó en una serie de
propuestas prácticas para la vida de las mujeres.
Por todo ello, cinco años después, es necesario evaluar la aplicación
de estas medidas por parte de los gobiernos que se acogieron a la Plataforma
de Acción. Así, si en el marco regional europeo la Unión Europea ha
desarrollado el IV Programa de Igualdad, a partir de 1995, a nivel nacional
se ha llevado a cabo la elaboración del III Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres (1997-2000). En palabras del propio
Gobierno español el III Plan de Igualdad pretende impulsar las políticas
de igualdad de oportunidades para el avance social de las mujeres
incorporando los compromisos de la Plataforma de Acción y las orientaciones
del IV Programa de Acción Comunitario. Sin embargo, la revisión de la
respuesta al Cuestionario de Naciones Unidas sobre el seguimiento de las Áreas
de Especial Interés de la Plataforma para la Acción nos ha revelado las
importantes carencias del Plan en relación a las medidas aprobadas en
Beijing. En líneas generales, el documento presentado por el Gobierno es más
una declaración de intenciones que una serie de medidas concretas tras casi
tres años de aplicación del Plan.
El documento del Gobierno se ha estructurado en torno a los tres ejes
defendidos en el III Plan: desarrollar medidas específicas dirigidas a combatir
las discriminaciones por razón de sexo, desarrollar el principio de transversalidad
que asegure que a cualquier acción se sume la defensa y garantía del
principio de igualdad de trato, e incorporar a la acción política del
Gobierno la iniciativa social.
Entre las actividades a nivel nacional propuestas por la Plataforma de
Acción se encuentra la de "alentar a las organizaciones no
gubernamentales a que contribuyan a la formulación y aplicación de las
estrategias y planes de acción nacionales" algo que el Gobierno
español no ha tenido en cuenta. La incorporación de la iniciativa social a
la acción política del gobierno ha sido cuanto menos escasa, empezando por
la misma aprobación del III Plan de Igualdad de Oportunidades. Aunque en su
respuesta al Cuestionario de la ONU el Gobierno reconoce que la participación
activa de las mujeres y la incorporación de sus puntos de vista es
necesaria, la realidad se ha formulado de manera muy distinta: ni la
iniciativa social se tuvo en cuenta al aprobar el III Plan de Igualdad de
Oportunidades, ni se ha alentado la participación y el trabajo desarrollado
por las redes de mujeres.
Por otro lado, observamos con gran preocupación como elmainstreamig
o "transversalidad" únicamente aparece en el documento como un
mera cita obligada sin que sea aplicado de forma concreta. Basándonos en la
Plataforma de Acción, consideramos que el mainstreamig debe
integrarse en todas las políticas y acciones del Gobierno y no limitarse a
pequeñas áreas concretas como el colectivo gitano o los mecanismos
institucionales para el adelanto de la mujer propuestos a través del III
Plan.
En lo que respecta al desarrollo de medidas específicas dirigidas a
combatir la discriminación por razón de sexo hemos constatado la escasez
de las mismas. La efectividad de las políticas de igualdad proviene en
parte de recordar a la sociedad que la igualdad no está conseguida y en
visualizar a las mujeres. A este respecto creemos que el énfasis del
Gobierno ha priorizado el papel de la familia en detrimento de la mujer.
En otro ámbito, la respuesta del documento del Gobierno a las doce áreas
de la Plataforma ha sido desigual, mostrando éstas grandes diferencias
tanto cualitativas como cuantitativas. Mientras a áreas como Mujer y Economía
se les presta una gran atención, otras como Medio Ambiente o Medios de
Comunicación tienen escasa respuesta. No podemos dejar de mencionar que el
documento del Gobierno ignora tres de las áreas de la Plataforma: Mujer y
Conflictos Armados, Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas sin que ningún
argumento pueda justificar este abandono.
En definitiva el documento del Gobierno, incompleto desde cualquier punto
de vista, parece más una memoria de actividades y una simple enumeración
de intenciones que un propuesta ideológica y política vertebradora de
acciones encaminadas hacia la consecución de la Plataforma de Acción.
Las propuestas que se recogen en este documento han sido elaboradas
gracias a la colaboración de las siguientes Asociaciones:
- Asociación de Mujeres Juristas "Themis"
- Asociación para la Reflexión y la Acción Feminista (ARAF)
- Asociación de Mujeres por la Solidaridad "14 de abril"
- Asociación de Medios de Comunicación (AMECO)
- Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid
- Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres (CELEM)
- Departamento Confederal de la Mujer de UGT
- Federación de Asociaciones de Mujeres Progresistas
- Federación de Asociaciones Asistencia a Mujeres Violadas
- Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas
- Federación Española de Directivas, Ejecutivas, Profesionales y
Empresarias (FEDEPE)
- Forum de Política Feminista
- Fundación Mujeres
- Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma
de Madrid
- Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense
- Mujeres Jóvenes
- Mujeres por Europa
- Mujeres Vecinales (C.A.V.E.)
- Secretaría de la Mujer de CC.OO
- Unión Nacional de Apoyo a la Familia (UNAF)
- Unión Sindical Obrera (USO)
III. Propuestas y medidas para las áreas estratégicas definidas por la
Plataforma de Acción de Beijing
1. Mujer, economía y empleo
Aunque a primera vista pueda parecer que las actuaciones del Gobierno en
materia de economía y empleo han sido cuantitativa y cualitativamente
importantes, un análisis detallado del documento presentado por el Gobierno
como respuesta al cuestionario de Naciones Unidas revela que el mainstreaming
no se ha aplicado y que las propuestas de la Plataforma de Acción continúan
pendientes. La Plataforma propuso entre otros objetivos:
- Promover la independencia y los derechos económicos de las mujeres
incluyendo el acceso al empleo, a condiciones de trabajo apropiadas y el
control de los recursos económicos.
Facilitar el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad, con los
hombres, a los recursos, el empleo, los mercados y el comercio.
Proporcionar servicios comerciales, formación y acceso a los
mercados, a la información y a la tecnología, en particular a las
mujeres de bajos ingresos.
Reforzar la capacidad económica y las redes comerciales de las
mujeres.
Eliminar la segregación en el trabajo y toda forma de discriminación
de las mujeres en el empleo.
Fomentar una armonización de las responsabilidades laborales y
familiares entre mujeres y hombres.
Promulgar y hacer cumplir leyes que garanticen los derechos de mujeres
y hombres a una remuneración igual por el mismo trabajo o por un
trabajo de igual valor.
Frente a las propuestas de la Plataforma el III PlOM ha supuesto un
"retraso" ya que más bien parece una declaración de intenciones
cuyas medidas se han reducido a campañas, seminarios, estudios,
jornadas..., más que a medidas específicas que garanticen la igualdad de
oportunidades. Consideramos el documento del Gobierno como incompleto y
ambiguo por que:
- Se necesitan más leyes, normas y mecanismos que desarrollen los
objetivos; no como la recientemente aprobada Ley de Conciliación, que
no recoge los aspectos de la directiva comunitaria (Directivas del
Consejo 92/85-CEE, de 19 de octubre y 96/34/CE del Consejo de 3 de
junio) sobre la individualización del derecho, y por lo tanto esta
directiva no ha sido transcrita en su totalidad.
Las medidas de acción positiva sobre las que se ha hecho mucho
hincapié en la Plataforma de Acción, no se recogen en ningún texto
legal como forma más rápida para avanzar en la consecución de la
igualdad.
La segregación femenina sigue aumentando fundamentalmente por la
falta de diversificación de la formación, esto se perpetúa.
La Negociación Colectiva, cada vez más desregularizada, por los
cambios producidos en el mercado laboral, y la aparición de nuevas
formas contractuales en las relaciones de trabajo, están afectando
fundamentalmente al colectivo de mujeres en lo que se refiere al acceso,
permanencia y promoción al mercado laboral.
Las medidas que el Gobierno ha adoptado para fomentar el empleo
femenino, como puede ser el "contrato coste 0", al no ser
específicamente dirigido a mujeres, difícilmente incorporará a más
mujeres al mercado de trabajo, cuando la mayoría de las veces los
empresarios no están cubriendo las bajas por maternidad. En lo que se
refiere a la incorporación de mujeres en sectores tradicionalmente
masculinos, con la bonificación del 60% a las empresas, el Gobierno no
ha proporcionado datos. En definitiva los indicadores de género no se
contemplan.
La tasa de desempleo de las mujeres en España supera la media
europea.
Las diferencias salariales entre mujeres y hombres se estiman en un
30% en detrimento de las mujeres.
La tasa de actividad de las mujeres en un momento en que la
convergencia con Europa aumenta, lejos de converger se aleja.
Los niveles de formación que en la actualidad tienen las mujeres no
están sirviendo a la hora de acceder al puesto de trabajo, por lo que
el hecho de ser mujer impide el acercamiento al mercado de trabajo en
igualdad de condiciones.
El tiempo de permanencia en el empleo y la edad ( a mayor edad más
dificultad) son dos variables que agravan la situación laboral de las
mujeres.
La contratación temporal y precaria se suscribe fundamentalmente con
mujeres.
Consideramos que en el área de Economía y Empleo se deben dirigir
actuaciones que vayan encaminadas a combatir la discriminación entre
mujeres y hombres, lograr la conciliación de la vida laboral con la
familiar, facilitar la reincorporación al trabajo y favorecer la inserción
laboral de las personas discapacitadas, las minorías étnicas y otros
grupos y personas desfavorecidas. Por ello las medidas que proponemos son
las siguientes:
1. Combatir la discriminación entre mujeres y hombres
La dimensión de la igualdad debe tenerse en cuenta en todas las acciones
y actividades. Así pues, es necesario integrar la
"transversalidad" de las políticas generales de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en la aplicación del resto de las políticas
de empleo. Es necesario igualmente arbitrar las medidas necesarias para la
recopilación de datos reales sobre la situación de la mujer en el mundo
laboral y su evolución, utilizando los sistemas y procesos adecuados para
facilitar el acceso a esta información. También se deben adoptar medidas
que fomenten el crecimiento de la tasa de la actividad de las mujeres en un
proceso de crecimiento anual de al menos un 20%, mediante el fomento del
acceso al empleo de las mujeres:
a) Reformas legislativas encaminadas a:
- Eliminar las discriminaciones existentes en el acceso al empleo por
razón de sexo y prevenir las futuras, y que la promoción de la
igualdad de oportunidades sea efectiva.
Apoyar las redes de servicios sociales que desarrollen actividades
para la inserción laboral de las mujeres, tanto por cuenta ajena como
por cuenta propia.
Eliminar los obstáculos existentes en la promoción profesional y en
el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad.
Facilitar y eliminar los obstáculos que existen para la efectiva
aplicación del principio de igualdad retributiva entre trabajos de
igual valor, así como difundir y fomentar la aplicación del Memorandum
y Código de Actuación de la Comisión Europea relativo a "Igual
retribución por trabajo de igual valor".
Difusión y fomento, entre los operadores jurídicos, de la utilización
de los instrumentos de tutela jurídico-procesal existentes en materia
de discriminación por razón de sexo: prueba estadística, inversión
de la carga de la prueba, dictamen de expertas/os, prueba psicológica
en los procesos de acoso, etc.
Regulación del acoso sexual que incluya su definición expresa, su
calificación, y un procedimiento sancionador.
Especificar en la norma las competencias de los representantes de las
trabajadoras/es en relación con la obligación empresarial, en relación
a recibir información de las candidaturas y solicitudes presentadas
para la cobertura de vacantes o puestos de nueva creación.
Establecer Acuerdos de Colaboración con la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social con el fin de asegurar el cumplimiento del principio de
igualdad.
b) Fomentar mediante subvenciones e incentivos fiscales:
- Proyectos empresariales de mujeres emprendedoras; y para las acciones
de apoyo, formación, asesoramiento técnico, puesta en marcha y acompañamiento
para la creación de autoempleo de mujeres.
La creación de empleo para mujeres con cargas familiares no
compartidas y mujeres paradas de larga duración.
El autoempleo y el empresariado femenino con medidas fiscales
favorecedoras del tipo de créditos blandos, reducción de impuestos,
subvenciones y/o ayudas a fondo perdido, y nuevos yacimientos de empleo
en las paradas de larga duración sin formación específica y paradas
sin titulación.
2. Conciliar la vida laboral con la familiar
- Establecer licencias por responsabilidades familiares (no sólo para
la atención a los hijos e hijas) que se configuren como derechos
individuales y no derivados, con una adecuada flexibilidad y teniendo en
cuenta que tales derechos sobre permisos y excedencias puedan hacerse
efectivos en la práctica por parte de las trabajadoras/es que cuentan
con unas condiciones precarias de empleo y de contratación. Igualmente,
mediante el establecimiento de estos permisos y excedencias debe
fomentarse el ejercicio de estos derechos por parte de los trabajadores
masculinos y un reparto equilibrado de las responsabilidades familiares
entre mujeres y hombres.
Creación de servicios de guardería, atención domiciliaria y geriátricos,
públicos y/o subvencionados con fondos públicos, ya sea por creación
directa o mediante acuerdos de colaboración con las entidades autonómicas
y locales, en los que se tengan en cuenta los horarios laborales; y
adoptando medidas de carácter fiscal para las familias menos
favorecidas económicamente que necesiten estos servicios.
Promover la flexibilidad horaria en su aspecto positivo mediante la
negociación, teniendo en cuenta los tiempos y necesidades de las
trabajadoras/es.
Extender el régimen del primer año de excedencia por cuidado de
hijos e hijas al resto del periodo de excedencia (tanto a efectos
laborales como de Seguridad Social).
Garantizar el disfrute del período de vacaciones en momento distinto
al correspondiente al permiso de maternidad/paternidad, cuando ambos
coincidan por estar así fijado en el calendario laboral de la empresa.
Garantizar el acceso a la Formación Profesional Continua durante los
períodos de baja por maternidad/paternidad y de excedencia por cuidado
de hijos/as o familiares.
Completar la transposición de la Directiva 92/34 de 3 de junio de
1996 sobre Permisos Parentales.
Tansposición de los Anexos de la Directiva 92/85 CEE sobre maternidad
que indican los agentes, procedimientos o condiciones de trabajo de
riesgo específico.
Avanzar en el desarrollo de medidas en la legislación laboral
tendentes a una progresiva reducción, flexibilización y distribución
del tiempo de trabajo que favorezca la compatibilización de la vida
laboral y familiar; como la reducción del tiempo de trabajo (35 horas)
y de las horas extraordinarias.
3. Mejorar el nivel de ocupación de las mujeres
- Introducir medidas de acción positiva que primen la contratación,
promoción y permanencia de mujeres, con medidas sancionadoras con los
empresarios que ejerzan prácticas discriminatorias, y bonificación
para aquellos empresarios que ejerzan la igualdad de oportunidades.
Realizar campañas públicas, en particular entre los empresarios/as,
sobre los incentivos establecidos para determinados supuestos de
contrataciones indefinidas de mujeres, especialmente los incentivos a la
contratación de mujeres en profesiones y ocupaciones con menor índice
de empleo femenino, en base al nuevo Catálogo de Ocupaciones,
recientemente aprobado por el Gobierno.
Extender las bonificaciones empresariales a los contratos de
interinidad que se celebren para sustituir a trabajadoras/es con
periodos de baja maternal/paternal o con excedencia por cuidado de
hijos/as o familiares.
Establecer la obligatoriedad de realizar contratos de sustitución en
el caso de permisos de excedencia parentales, y que dichos contratos se
realicen con mujeres.
Conceder carácter prioritario a las acciones formativas de las
mujeres, especialmente las orientadas a su capacitación en profesiones
en las que se hallen subrepresentadas.
Información y asesoramiento a desempleadas para promover su reinserción
al mercado de trabajo.
En los procesos de selección y promoción en la Administración Pública,
los Tribunales serán de naturaleza colegiada y deberán tener una
composición equilibrada de mujeres y hombres.
4. Facilitar la reincorporación al trabajo
- Mejorar la formación como mecanismo compensador de las desigualdades
entre mujeres y hombres, impulsando entre otras medidas, la
diversificación de la Formación Profesional que garantice políticas
educativas de formación y reciclaje (sobre todo mujeres que retornan al
mercado de trabajo), con el fin de mejorar sus oportunidades de empleo
así como la formación específica que favorezca el acceso de las
mujeres a profesiones en las que se encuentren subrepresentadas.
Impulsar procedimientos de acceso y formación no discriminatorios en
el seno de las empresas privadas y de la Administración Pública,
mediante planes de igualdad de oportunidades en los que se incluyan
medidas de acción positiva dirigidas a la reincorporación de mujeres
después de largos periodos de inactivad profesional.
5. Otros campos
- Visualización, valoración y reconocimiento del trabajo de las
mujeres en el ámbito de la economía sumergida, empleadas del hogar,
amas de casa, y trabajo informal, por su gran aporte y contribución en
la economía global del país.
Divulgación de los datos reales sobre el empleo de las mujeres y sus
causas en profundidad.
Campañas que contrarresten los falsos mitos que existen sobre las
mujeres en el entorno laboral como son el absentismo y el embarazo
entendidos por los empresarios como características de las
trabajadoras.
2. Poder y toma de decisiones
Si en alguna área el documento presentado por el gobierno español al
cuestionario de Naciones Unidas y el III Plan de Igualdad de oportunidades
empobrece y caricaturiza hasta el extremo las medidas y recomendaciones de
la Plataforma para la Acción de Beijing, ésta es la referida a poder y
toma de decisiones. No sólo el término "Poder" ha quedado
eliminado del único objetivo que el III Plan de Igualdad contiene en este
apartado, sino que las múltiples medidas de la Plataforma de Acción han
quedado reducidas a cinco actuaciones sin contundencia. Solo se ha actuado y
puntualmente, en favorecer el acceso de las mujeres a puestos de decisión
en algunas empresas privadas, a través del programa "Optima".
El "empoderamiento" de las mujeres fue uno de los ejes
fundamentales y trasversales de la IV Conferencia; muchas de las medidas
propuestas en la Plataforma para la Acción, en las distintas áreas, van en
el sentido de promover la igualdad entre hombres y mujeres en las decisiones
y en el poder. En el documento del Gobierno y en el III Plan no hay ninguna
referencia al poder político, ni medida alguna que favorezca el acceso de
las mujeres al mismo. Tampoco existe ninguna actuación referida a la
participación de las mujeres en otros órganos, bien sean gubernamentales,
de la administración pública, de la judicatura, de los partidos,
sindicatos.., con miras a conseguir una representación paritaria de ambos
sexos, tal como figuraba en la Plataforma para la Acción.
Todo ello ha desaparecido, siendo sustituido por una vaga referencia de
tono paternalista al apoyo a las mujeres para que adquieran formación y
habilidades para acceder a puestos de decisión, formulación que tiende a
abonar la idea de que si no estamos en estos puestos es por falta de
preparación y no por el predominio del androcentrismo y el patriarcado que
todavía son tan visibles en estos ámbitos de la sociedad.
El Gobierno español, no cumple los compromisos adquiridos hace 4 años
en la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín.
Estimamos que las propuestas que en su día fueron elaboradas y
analizadas por el CELEM, siguen de plena vigencia, toda vez, que no se han
tomado medidas para su implantación.
Propuestas:
- Introducir la paridad en todas las instancias de representación y
decisión, especialmente en las instituciones públicas, partidos políticos,
colegios profesionales, sindicatos, consejos escolares y otras
organizaciones de participación social y política.
Reformar la Ley Electoral para que impida las candidaturas que no
cumplan la democracia paritaria, de forma que ninguno de los dos sexos
alcance una representación superior al 60%, ni inferior al 40%.
Regular en la normativa de los partidos políticos la inclusión de la
democracia paritaria.
Estudiar el sistema diferencial de los sistemas electorales en la
representación política de los órganos electivos de mujeres y hombres
para ver la posibilidad de reformar o ajustar esos sistemas.
Democracia paritaria en el Parlamento Europeo
El nuevo Tratado establece expresamente que los miembros del Parlamento
Europeo deberán ser elegidos por sufragio universal según un procedimiento
uniforme en todos los Estados miembros. Para que esta convergencia electoral
sea posible es necesario que se apruebe, por parte de los órganos de la Unión,
un reglamento o directiva que prevea el proceso de adaptación de las leyes
electorales de los Estados miembros. En el mismo TUE se establece que será
el propio Parlamento el que elabore los proyectos pertinentes y que la
adopción de la norma comunitaria deberá realizarse mediante acuerdo unánime
del Consejo, previa conformidad del Parlamento adoptada por mayoría.
Una vez aprobada la norma europea, los Estados miembros deberán
adaptar, en el marco de sus disposiciones constitucionales, las leyes
electorales internas a las nuevas disposiciones electorales europeas.
De este modo, en aplicación de las disposiciones del TUE acerca de la
homogeneización de los sistemas electorales de los Estados miembros, la
participación equilibrada de las mujeres y los hombres ha de constituir uno
de los ejes principales de la reforma electoral.
Los Estados miembros de la Unión, en consecuencia, tendrán que reformar
sus normas electorales internas. Alguno de ellos (los estados federales,
regionales o autonómicos) quizás tengan igualmente que adoptar ciertas
medidas para garantizar que en el nuevo Parlamento Europeo también se
proyecten de algún modo las diversidades o el multiculturalismo interno,
medidas que, a tenor de las nuevas disposiciones europeas sobre la igualdad
entre mujeres y hombres, tampoco podrán adoptarse al margen de esta misión
de la Comunidad.
Nos encontramos, pues, ante un proyecto de amplio alcance y de inmensa
transcendencia en el proceso de integración europea que incide directamente
en uno de los grandes problemas que todavía presenta la UE: aumentar la
legitimidad de sus instituciones. El grado de vinculación y de identificación
de la ciudadanía con la UE es todavía muy pequeño.
Acercar la Unión a los ciudadanos es imprescindible para el buen éxito
del proceso de integración europea. Y es necesario que la integración se
haga también desde la perspectiva de género.
No se puede desvincular de este proceso a las mujeres, la práctica mitad
de sus destinatarios, ya que sólo las personas, hombres y mujeres, van a
garantizar que la Unión Europea se consolide como un espacio plural de
libertad, de igualdad y de justicia.
La democracia paritaria ha de constituir uno de los ejes principales
de esta reforma electoral y debe ser un eslabón decisivo en la construcción
de esa Europa más legitima a la que aspiramos desde la reivindicación de
la igualdad real.
3. Violencia contra las mujeres
Introducción. Análisis general de la actuación del Gobierno.
La Plataforma para la Acción de la Conferencia de Beijing se centraba en
tres objetivos prioritarios:
- Adopción por los gobiernos de medidas integradas para prevenir y
eliminar la violencia contra las mujeres.
Realización de estudios sobre las causas y consecuencias de la
violencia específica contra las mujeres y eficacia de las medidas de
prevención.
Eliminación del tráfico de mujeres y asistencia a sus víctimas.
En ninguno de estos objetivos se han producido significativos avances, a
causa de una falta de verdadera voluntad política, más allá de las
declaraciones institucionales contra la violencia de género, de introducir
medidas efectivas que incidan en la erradicación del problema. Esta falta
de voluntad política es imputable a todos los poderes estatales:
legislativo, ejecutivo y judicial.
El cuestionario elaborado por el Instituto de la Mujer enumera una serie
de avances y medidas adoptadas en esta área, y señala como instrumentos en
los que se encuadran, dentro de las recomendaciones realizadas tanto por la
Plataforma para la Acción como por el IV Programa de Acción Comunitario,
el III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres (1997) y el
Plan de Acción contra la Violencia Doméstica.
En la elaboración y puesta en marcha de ambos planes se ha marginado a
las Asociaciones de Mujeres legitimadas por su experiencia de trabajo en la
materia, lo que ha malogrado ambos planes como instrumento para una efectiva
lucha contra la violencia de género.
También se omite consignar que la aprobación en 1998 del Plan contra la
Violencia no respondió a una iniciativa gubernamental, sino a un estado de
alarma social en la opinión pública, desde finales del año 1997, a raíz
de una serie de sucesos muy graves difundidos por los medios de comunicación
que evidenciaban
- Las graves carencias del ordenamiento jurídico para la dotar de
protección a las víctimas de la violencia doméstica, de forma que las
víctimas que denunciaban no fueran objeto nuevamente de malos tratos.
La deficiente aplicación por parte de los órganos judiciales de los
instrumentos legales vigentes en materia de violencia.
La precariedad y descoordinación de los recursos (servicios jurídicos,
casas de acogida, servicios médicos y psicológicos) para asesorar a
las víctimas que denuncian, evitar que sufran nuevas agresiones y
reparar los daños sufridos.
El Plan de Acción adolece de una gran fragmentación e indefinición, ya
que no se ha incidido en las principales dificultades que motivaron una gran
movilización y estado de opinión:
- Se han introducido medidas de protección específicas a adoptar
dentro del procedimiento penal, pero legalmente se sigue condicionando
su adopción no sólo a su objetiva necesidad para salvaguardar la
integridad física de la víctima, sino también a la situación
socio-económica del agresor.
Se introducido como delito el ejercicio de la violencia psíquica
habitual contra un familiar, pero sin que esta conducta esté definida
desde el punto de vista técnico-jurídico, lo que en la práctica
impide la efectiva sanción de estas conductas.
No se ha endurecido la sanción del ejercicio de grave violencia por
coerción (amenazas de muerte entre parientes).
Los organos judiciales continúan teniendo un amplio margen de
interpretación, que en muchas veces se revela errónea, sobre la
gravedad de la agresión y la necesidad de protección.
No existe un sistema coordinado de recursos para las víctimas
(servicios jurídicos, casas de acogida, servicios médicos y psicológicos)
y en muchas ocasiones estos recursos no contemplan situaciones específicas
que exigen tratamientos especializados (víctimas con enfermedades
mentales, drogadicción, alcoholemia, etc.). Esta descoordinación
dificulta el acceso de las mujeres a los recursos establecidos.
No se adoptan medidas específicas de protección para mujeres en
situación de especial vulnerabilidad, como son las mujeres inmigrantes
aquellas mujeres inmigrantes que son en mayor medida víctimas del tráfico
de mujeres, violencia, abusos y explotación, a las que se debía dotar
de un stataus de permanencia no ligado al del agresor, en los términos
acordados en la Conferencia Europea de Colonia.
Las Campañas gubernamentales son de escasa duración e incitan
indiscriminadamente a la denuncia, pudiendo inducir a un grave error a
las mujeres que denuncien sin ponderar el riesgo que pueden padecer y
frente al que no se les dota de los recursos necesarios para
salvaguardar su integridad física.
En La Camapaña gubernamental de formación de funcionarios de
servicios sociales, Educación, Justicia, Fuerzas y cuerpos de
seguridad, Policía Local y Nacional, y Sanidad se ha prescindido de la
experiencia de las Asociaciones de Mujeres en este campo. Además estos
funcionarios no cuentan con instrumentos eficaces de prevención,
detección, investigación y sanción de las conductas violentas y de
protección y rehabilitación de las víctimas.
El protocolo sanitario elaborado no ha sido suficientemente divulgado
entre los profesionales afectados, de forma que se garantice un aplicación,
mientras que ha dejado de aplicarse el Plan de Coordinación para la
Violencia Sexual que entró en vigor en el año 1987.
En la puesta en marcha del Programa de Policía-Familia, y con la
instauración del Servicio de Atención a la Familia, se están
desmantelando el Servicio de Atención a la Mujer, que atendía específicamente
las infracciones relacionadas con la violencia de género.
Hasta el momento no se ha llevado a cabo por el Gobierno ningún
estudio sobre causas y consecuencias de la violencia ni sobre la
eficacia de los instrumentos legales en vigor. Las Asociaciones de
mujeres han sido marginadas en los estudios de investigación que se
dice está llevando a cabo el Gobierno.
Al margen de la crítica a los citados Planes gubernamentales, hay que señalar
que en la elaboración de un nuevo Código Penal, que finalmente entró en
vigor en mayo de 1996, no se sancionaron determinadas manifestaciones de la
violencia de género contra las mujeres, como el secuestro parental, y
supuso un gran retroceso en la sanción de la violencia sexual que se
produce contra menores e incapaces en el seno de la familia, que se limita a
una pena de multa.
Por último, indicar que el Gobierno y el Instituto de la Mujer vuelven a
dar muestras de su desprecio y marginación hacia las Asociaciones de
Mujeres expertas, al omitir en su informe que han sido estas Asociaciones de
Mujeres las que han continuando prestando muchos de los recursos y llevando
a cabo las medidas recomendadas en la Plataforma de Acción,
fundamentalmente en asesoramiento, investigación, divulgación de sistema
de recursos, casas de acogida, servicios psicológicos y asistencia letrada,
a fin de paliar las carencias que presentan los recursos desarrollados
directamente por la Administración Pública, y por un costo menor, que en
muchas ocasiones es sufragado por vía de subvenciones públicas sin garantía
de estabilidad y continuidad y con el trabajo voluntario de muchas mujeres
en servicios de asesoría jurídica, divulgación de recursos, y
establecimiento redes de apoyo para mujeres víctimas de malos tratos.
Medidas que han adoptarse
a) En la prevención y eliminación de la violencia contra las
mujeres:
- ELABORACIÓN Y PROMULGACIÓN de una Ley Integral para combatir con
eficacia la Violencia de Género. El objetivo prioritario de la Ley ha
de ser ordenar en un solo texto legal la normativa civil, penal y
procedimental, al tiempo que se legislan la normativa básica que debe
regir los recursos sociales más idóneos: Centros de Urgencia, Casas de
Acogida y Centros de Recuperación Integral para mujeres y niños víctimas
de la violencia de género. Esta normativa básica debe ir acompañada
de la correspondiente dotación presupuestaria a cargo de los
Presupuestos Generales del Estado.
Sancionar efectivamente las agresiones que sufren las mujeres, como
forma de responsabilizar al agresor por estas conductas. Si la sanción
pecuniaria impuesta por una agresión repercute negativamente en la
propia víctima, debería sustituirse, a petición de esta víctima, por
trabajos en beneficio de la comunidad.
No condicionar las medidas de protección para la víctima a la
situación socio-económica del agresor, sino a la necesidad de su
adopción para salvaguardar la integridad de la víctima.
Sancionar penal las conductas de secuestro parental como delitos de
detención ilegal o secuestro.
Instaurar sistemas de coordinación y control de los órganos de la
Administración de Justicia en la aplicación de la normativa vigente
sobre violencia contra las mujeres.
Garantizar la seguridad de la víctima que denuncia la violencia a
través la una pronta e inmediata intervención policial que mejore la
seguridad de la mujeres en situación de peligro, responsabilice
inmediatamente al agresor y dote de un espacio seguro para la mujer.
Ampliar de los recursos que son gestionados directamente por las
Organizaciones de Mujeres y destinados a la recuperación integral de
las mujeres, la investigación de causas y consecuencias de la violencia
y de la eficacia de los instrumentos para erradicarla, la efectiva sanción
de las agresiones, la formación de especialistas, etc., así como dotar
a estos recursos de la suficiente continuidad y estabilidad,
incompatible con el actual sistema de convocatorias de subvención
anuales.
Elaborar y poner en marcha programas de prevención para niños y
adolescentes integrados en los programas educativos, especialmente con
aquellos menores que han padecido una situación de violencia en sus
familias.
INSTAURACIÓN de un Órgano Consultivo sobre la violencia de género
compuesto por representantes de las Organizaciones de mujeres expertas y
las instituciones del Estado, con competencias tanto en la elaboración,
puesta en marcha y seguimientos de los planes nacionales como en
actuaciones específicas dentro de Política exterior. Dicho Órgano
debe mantener relaciones entre sí desde una posición de igualdad,
reconocimiento, y respeto absoluto a la independencia de las
Organizaciones de mujeres.
Establecer un estatus de permanencia de las mujeres emigrantes víctimas
de violencia desligado del del agresor.
Dar asilo político a aquellas mujeres emigrantes que huyan de la
violencia de género en sus países de origen.
b) Estudio de las causas y las consecuencias de la violencia contra
las mujeres y eficacia de las medidas de prevención:
- Consultar y encargar a las organizaciones de mujeres
expertas la realización de estudios sobre causas y consecuencias de la
violencia, así como sobre la eficacia de las medidas de prevención.
c) Eliminar el tráfico de mujeres y prestar asistencia a las mujeres
víctimas de la violencia derivada de esta actividad y de la prostitución:
- Dotar de permiso de residencia temporal a las víctimas del
tráfico de mujeres y la prostitución que hayan manifestado su
disposición a testificar en procesos judiciales.
Proveer a las víctimas de tráfico de personas y explotación de la
prostitución, de asistencia jurídica, médica, social y policial.
Fomentar y apoyar la colaboración con las organizaciones no
gubernamentales establecidas en los paísis de origen de estas víctimas
para la realización de programas de prevención, asistencia y
rehabilitación.
4. Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer
Varios elementos constituyen los elemento básicos de los mecanismos
institucionales para el avance de las mujeres: los Planes de Igualdad, el maestraming,
la interlocución y apoyo a las ONGs de mujeres y la Cooperación
Internacional. El documento de seguimiento de la Conferencia de Beiging,
presentado por el Instituto de la Mujer, se refiere a estos temas, al igual
que el III Plan de Igualdad. No se hace referencia en ninguno de ambos
documentos, a los indicadores de género, de los que si se hablaran en la
Conferencia Regional de Ginebra.
En relación con el III plan de Igualdad se realizan las
siguientes reflexiones: El III Plan debía recoger los compromisos marcados
en la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, que se celebró en Pekin en
septiembre de 1995, y en el IV Programa de Igualdad de la Unión Europea,
compromisos que habían sido no solo aceptados sino, más aun, directamente
impulsados en la etapa del Gobierno anterior, Y, de hecho ambos compromisos
son mencionados en el III Plan y en el cuestionario de Beiging. Sin embargo
su redacción y elaboración han estado muy lejos de marcar las pautas
adecuadas para hacer realidad las medidas previstas y, por tanto, su ejecución
y seguimiento, también han quedado muy por debajo de ambos compromisos.
A pesar de que la redacción del Plan de Igualdad y su posterior aprobación
por el Consejo de Ministros es la ocasión para que las organizaciones de
mujeres puedan explicitar sus necesidades y para que el Instituto de la
Mujer consiga concretar un programa de acción, las organizaciones de
mujeres que componen la Coordinadora Española para el Lobby Europeo de
Mujeres y la plataforma de Organizaciones feministas, no fueron consultadas,
ni tenidas en cuenta, ni se negoció con ellas ninguna propuesta, ni actuación.
Todo ello a pesar de que habían trabajado, entre ellas , en una serie de
propuestas a plantear en relación con el III Plan de Igualdad, siguiendo la
Plataforma para la Acción de la IV Conferencia Mundial de las Mujeres.
El III Plan se queda totalmente corto en relación a las medidas
aprobadas en la Conferencia de Pekín, Las actuaciones que propone han
perdido fuerza y alcance, son, practicamente ,caricaturas de las que allí
fueron aprobadas.
No se trata de un Plan que define medidas concretas, sino de una
declaración de intenciones y propuestas vagas, sin ningún tipo de
cuantificación , en el que la mayoría de las propuestas se inician con términos
del tipo "promover", "sensibilizar",
"impulsar", en lugar de "realizar". Estas cautelas, que
podían ser necesarias en los primeros planes, cuando se trataba de poner
las bases para una política de igualdad, ya no son admisibles en este
momento, en que las medidas necesarias han sido consensuadas a nivel mundial
y existe una mayor sensibilidad y acuerdo en la población española.
Hay que decir que muchas de las actuaciones propuestas figuraban ya, con
mayor concreción y detalle, en los planes anteriores, especialmente el II
Plan, que se propuso ya la transformación de los hábitos de la sociedad
española para hacer realidad la igualdad. El plan actual supone, en si
mismo, un retroceso tanto en el alcance de las actuaciones propuestas como
en la voluntad transformadora que lo sustenta, y que se muestra totalmente
inconsistente.
Lo que plantea el III Plan , en el área de cooperación , y el documento
de seguimiento de Beiging presentado por el Gobierno de España, en abril de
1999, es algo que el Instituto de la Mujer viene realizando desde sus
inicios y que forma parte, por tanto, de su actividad habitual; suscribir
convenios de colaboración con los Departamentos Ministeriales, Comunidades
Autónomas, Corporaciones locales; Reunión de Consejo Rector, colaboración
con el Defensor del Pueblo etc.
El mainstreaming o integración de la perspectiva de la
igualdad de oportunidades en el diseño de las actuaciones en todos los ámbitos
sociales, económicos, políticos y culturales no ha estado desarrollado y
en ocasiones ha servido de pretexto para eliminar alguna política u
Organismo especifico de la mujer. El Plan de Empleo del Gobierno de 1998,
presentado a la Unión Europea, no incluía el mainstreaming.
El fomento de la cooperación y la interlocución con las ONGS de
mujeres. La ausencia de negociación del Gobierno de España con las
ONGs de mujeres ha sido una constante, en estos últimos años. Esta situación
ha sido denunciada en múltiples ocasiones por las propias ONGs. Sirva de
botón de muestra los siguientes temas:
- En la elaboración y posterior aprobación , en marzo de 1997, del III
Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
En el seguimiento e implementación de este III Plan de Igualdad.
En el seguimiento de la Plataforma para la Acción de la IV
Conferencia Internacional, celebrada en Pekín.
En los Planes de Empleo, en todos los apartados, pero sobre todo la
parte referida a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
En el Plan contra la violencia doméstica y en la concreción de sus
medidas.
En los diversos proyectos de ley presentados por el gobierno que
afectan a las políticas de género.
Nuestras propuestas:
- Crear el Consejo de la Mujer como vehículo de cooperación de las
organizaciones de mujeres con las Administraciones Públicas y los
Organismos de Igualdad.
Promover la creación de los Organismos de Igualdad y de los Consejos
de participación de la mujer y Planes de Igualdad de Oportunidades en
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.
Crear por ley la figura de la "Defensora de la Igualdad"
como complemento de los atributos que tiene el Instituto de la Mujer,
con la finalidad no solo de recibir denuncias por discriminación por
razón de sexo sino para poder personarse ante los tribunales.
Cambiar el Reglamento del Congreso de los Diputados para que la Comisión
Mixta de los Derechos de la Mujer sea Comisión Legislativa Permanente.
Cooperacion internacional
El III Plan de Igualdad habla de fomentar la Cooperación al Desarrollo
prioritariamente con los países de América Latina y el Caribe y con otros
países en vías de desarrollo como los de la región del Magreb. Esta es
una política iniciada desde hace mucho tiempo por el Instituto de la Mujer,
que ha jugado un papel de primer orden en transferir ideas, recursos y
tecnología a las ONG de mujeres y a los organismos de igualdad de América
Latina. Las actuaciones propuestas para este objetivo no suponen ningún
avance, ninguna precisión, ningún compromiso. Por su inconcreción ,
hicieron temer un retroceso en toda el área de Cooperación Internacional,
área en la que el Instituto de la Mujer tiene competencias exclusivas y que
constituyó además un gran compromiso de solidaridad en Pekín.
Este retroceso se ha concretado en la disminución de las ayudas y
subvenciones en más de un 33% en los proyectos que afectan a la salud
sexual y reproductiva . Según las cifras dadas por la ONG Grupo de Interés
Español en Población, Desarrollo y Salud Reproductiva (GIE).
5. Mujer y pobreza
Crítica general al documento del Gobierno en políticas dirigidas a
combatir la pobreza
Teniendo en cuenta los objetivos estratégicos de la Plataforma de Pekín
para erradicar la pobreza en los países miembros, hay que destacar que el
informe del Gobierno sobre el cumplimiento de dichos objetivos no refleja la
realidad de las acciones llevadas a cabo, ya que no se ha centrado en
medidas macroeconómicas y estrategias de desarrollo (Objetivo A.1), ni en
modificar leyes y prácticas administrativas para asegurar la igualdad de
derechos (Objetivo A.2), ni en formular metodologías con perspectiva de género
y realizar investigaciones con el fin de superar la pobreza (Objetivo A.4).
El informe del Gobierno en políticas específicas dirigidas a combatir
la pobreza no plantea ninguna política estructural y se limita a programas
puntuales y específicos que subvenciona a ONG's por la vía de los créditos
del 0,5% del IRPF; y, a lo sumo, a Convenios puntuales con comunidades Autónomas
y organismos públicos, dirigidos a colectivos en situación de exclusión,
al margen de un Plan Integral de lucha contra la pobreza.
Asimismo, es de destacar que la situación de exclusión y marginación
que viven los diversos colectivos de mujeres en España: inmigrantes, minoría
gitana, mujeres con cargas familiares no compartidas ... son más bien
abordadas desde la perspectiva de campañas y actuaciones puntuales de apoyo
a colectivos sociales que trabajan en estas Áreas, que obviándose medidas
legislativas y macroeconómicas que aborden la erradicación de la pobreza.
Propuestas:
Afrontar la lucha contra la pobreza desde una perspectiva de género
supone avanzar hacia un nuevo Contrato Social Mujeres-Hombres que haga
posible compartir responsabilidades familiares, empleo y poder. Para ello se
precisa crear condiciones que permitan afrontar la exclusión social que las
mujeres han tenido, derivado de la división de roles por razón de sexo,
por la cual las normas jurídicas, los valores y el reparto de la riqueza
han sido los ámbitos en los que se ha consolidado dicha exclusión.
Los objetivos han de plantearse desde una doble perspectiva:
- Universalizar el derecho a la atención de unas necesidades básicas,
consensuadas en el ámbito internacional y sus correspondientes derechos
sociales universales, condición necesaria para que las mujeres no
queden excluidas de dichos derechos.
Implantar la perspectiva de la individualización de derechossociales
y económicos que permitan a las mujeres tener derechos por sí mismas y
no derechos derivados de su condición de esposas, madres o hijas de los
titulares.
Los mecanismos institucionales para enfrentarse a la pobreza y
exclusión que afecta principalmente a las mujeres han de estar apoyados en
la universalidad de los derechos de bienestar social:
- Universalizar el derecho a la salud, a una educación general básica
y a ingresos o rentas mínimas garantizadas, estableciendo para ello
regímenes de Seguridad Social y bienestar basados en el derecho de
ciudadanía.
Modificar la legislación en materia de inmigración y extranjería
para permitir que las mujeres inmigrantes puedan tener los mismos
derechos en materia de bienestar social básico que los residentes
en los países receptores.
Desarrollar planes integrales de igualdad de oportunidades, con
medidas específicas de lucha contra la pobreza, dirigidas a colectivos
específicos de mujeres víctimas de marginaciones sociales concretas:
minorías étnicas y sociales, mujeres inmigrantes, mujeres con cargas
familiares no compartidas, mujeres privadas de libertad y exreclusas,
mujeres afectadas por SIDA, drogadicción ...
Desarrollar planes integrales de desarrollo local en zonas
deprimidas, con intervención de las instituciones públicas, ONG's,
organizaciones sindicales y empresariales, orientados al desarrollo
social en ámbitos territoriales concretos, afectados por la pobreza.
Incorporar la perspectiva de género en los estudios de lucha
contra la pobreza y en las medidas y actuaciones de carácter
estructural y específico.
6. Educación y capacitación de la mujer
Introducción
La Educación se considera un instrumento básico para alcanzar la
Igualdad entre mujeres y hombres, siendo este el horizonte final al que se
dirigen todas las resoluciones y recomendaciones de las diferentes
Conferencias Internacionales sobre la Mujer y de forma muy especial la de
Beijing de 1995.
La Plataforma para la Acción aprobada en la citada Conferencia está
toda ella impregnada de resoluciones y recomendaciones a los Países
firmantes sobre la utilización de la Educación como base en la búsqueda
de la igualdad. Los artículos 24, 27 y 30 de un modo especial recuerdan la
necesidad de adoptar todas las medidas que sean necesarias para eliminar
la discriminación contra las mujeres y las niñas ( 24), promover el
desarrollo sostenible...a través de la enseñanza básica, la educación
permanente, la alfabetización y capacitación ..( 27). Y sobre todo en
el árticulo 30 recomienda: Asegurar la igualdad de acceso y la igualdad
de trato de hombres y mujeres en la educación y la atención a la salud y
promover tanto la salud esxual y reproductiva de las mujeres como la educación.
Garantizar el éxito de la Plataforma exigía un fuerte compromiso de los
Gobiernos, más aún si tenemos en cuenta que de las 2/3 partes de los,
aproximadamente, 960 millones de personas analfabetas que existen en el
mundo son mujeres discriminadas en gran medida por la obligación que sobre
ellas recae de compaginar las responsabilidades domésticas y las escolares
(lo que da lugar a un bajo rendimiento y al abandono escolar a edades muy
tempranas).
En el ámbito europeo las resoluciones de la Plataforma de Acción se han
concretado en varios documentos de los cuales nos merecen especial atención
el Cuarto Programa de Acción comunitario para la Igualdad de Oportunidades
entre hombres y mujeres ( 1996-2000) y el Mainstreaming de género. En ambos
la Educación es el instrumento básico para lograr el cambio de
estereotipos, el cambio de mentalidades y en definitiva un cambio de
actitudes. En el segundo cobran importancia las intervenciones concretas
sobre la realidad para cambiar las actitudes. Para la Comisión Europea pasó
el momento del análisis de la situación, ahora se trata de actuar sobre
los aspectos concretos y para ello se recomienda fomentar las buenas prácticas
y divulgarlas. Una vez más son los Países del Norte de Europa los pioneros
que nos proponen la introducción de acciones concretas.
Respuesta gubernamental al Cuestionario sobre el seguimiento de las
Areas de especial interés de la Plataforma de Acción
La lectura de los dos folios escasos en que el Gobierno, y en su nombre
el Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
describe las intervenciones llevadas a cabo en cumplimiento de la Plataforma
de Acción y de su concreción en el III PIOM contrastada con la realidad
tal como recomienda el documento sobre mainstreaming de género deja ver una
multitud de carencias, pero sobre todo pone de manifiesto un problema de
planificación a nuestro parecer muy grave. Los diferentes Programas que se
han llevado a cabo ya sean publicaciones o Actividades han llegado a una
minoría, no han tenido seguimiento, no existe un Observatorio de
Igualdad, no hay un seguimiento sobre los libros de texto, ni sobre los
Formadores que los recomiendan y utilizan, no existen expertas
itinerantes de género que expliquen a los diferentes Seminarios Didácticos
de las distintas asignaturas de la ESO y de Bachillerato cuales son los
compromisos de nuestro Gobierno para la consecución de la Igualdad.
Se subvencionan programas pero no se sigue su aplicación, se imparten
cursos de Educación para la Igualdad pero no se revisan los textos
que perpetúan día a día los estereotipos de género, todo sucede en
compartimentos estancos como si se quisieran cumplir formalmente los
requerimientos de la Comisión Europea y el resto de recomendaciones
internacionales pero no se tuviera la convicción de que el objetivo de la
Igualdad es algo en lo que se juega el futuro de las mujeres y hombres del
próximo milenio.
Propuesta alternativa de las ONGS de mujeres:
a) Las propuestas:
- Potenciar la posibilidad de que las mujeres sigan adquiriendo
conocimientos pasada la juventud, alentando a las personas adultas.
Asegurar el acceso universal a la enseñanza básica y lograr que las
niñas y los niños terminen la enseñanza primaria.
Eliminar la desigualdad por motivos de sexo en el acceso a todos los
ámbitos de la enseñanza superior.
Aumentar la calidad de la educación, elaborando programas de formación
para el personal docente y educativo, aumentando la comprensión de su
propio papel en el proceso educativo y garantizando las mismas
oportunidades para maestras y profesoras que a sus compañeros hombres.
Así como fomentar la igualdad en los órganos directivos y de mayor
responsabilidad de las instituciones educativas: Directoras de
Seminarios, de Centros Públicos de ESO y de Bachillerato, Decanas de
Facultades, Rectoras...
Formar a las/os Formadoras/es procurando el trasvase fluido de la
Investigación a la Docencia pero sobre todo con la puesta en marcha de buenas
prácticas.
Introducir la perspectiva de género como medio para lograr que la
Igualdad se convierta en la transversal de todos los Programas
educativos desde la Escuela Infantil hasta los Estudios Universitarios.
No es una quimera ni una propuesta maximalista, Suecia lo tiene
implantado.
Coeducar a los padres a través de las Asociaciones de Madres y
Padres, para que desde el hogar se potencia la igualdad.
Promover, con el apoyo de madres y padres y su colaboración con el
personal y las instituciones docentes, la elaboración de programas
educativos que tengan en cuenta la igualdad.
Promover la enseñanza y la formación de las mujeres en el medio
rural.
Proporcionar los recursos financieros necesarios para el sector
educativo, considerando un aumento presupuestario para las necesidades
educativas.
Fomentar la investigación básica sobre la Igualdad en la Educación
convirtiéndola en tema prioritario del Programa Sectorial de I + D:
Estudios de las Mujeres y del Género.
Proporcionar apoyo a los servicios de guardería o similar para que
las madres puedan continuar su educación.
Potenciar las Asociaciones de Mujeres con subvenciones que les
permitan la realización de cursos de educación y facilitar los
materiales didácticos necesarios en cada caso.
Proporcionar a las mujeres y a las niñas información sobre las
posibilidades y las ventajas de la formación profesional y elaborar
programas para fomentar la participación en todos los programas de
aprendizaje.
Prevenir la violencia contra las preadolescentes y adolescentes a través
de los centros educativos como un Programa especial de Igualdad.
B) Los medios:
- Análisis de la situación actual y publicación del Libro Blanco
sobre la Educación, teniendo como objetivo la Educación para la
Igualdad. El estudio debería ser realizado por expertas/os en género.
Introducir temas de género en los curricula escolares a todos
los niveles como ya existe en otros países. Utilizar como elemento
educativo los medios de comunicación, ya que la televisión influye
específicamente en niñas/os y jóvenes, tanto en positivo como en
negativo.
Como buena práctica crear la figura de experta itinerante de género
que analice las situaciones concretas en centros escolares y explique a
las/os Formadoras/es cómo se aplica la perspectiva de género y como se
introduce la Igualdad como transversal de todas las materias
curriculares.
Como buena práctica para luchar contra los estereotipos de género,
recomendar a las chicas y chicos a elegir actividades y representar
papeles que tradicionalmente se han adjudicado al sexo contrario.
Como buena práctica crear Seminarios mixtos: Investigadores -
docentes para el transvase de la Investigación a la docencia en las
diferentes Áreas de Conocimiento.
Como buena práctica el Instituto de la Mujer debería
seleccionar a las/os expertas/os en las diferentes Áreas de
Conocimiento que desde una perspectiva de género evalúen
confidencialmente los Proyectos de I+D: Programa Sectorial: Estudios de
las Mujeres y del Género y asegurar que las investigaciones
subvencionadas desde un Plan Sectorial para fomentar Estudios de las
Mujeres y del Género no se desvirtúen al ser evaluados desde
perspectivas supuestamente neutras.
Como buena práctica el Proyecto ALBA, enmarcado en el Proyecto
Comunitario LEONARDO, debería ir acompañado de: Incentivos a las
empresas que den empleo a las mujeres formadas por el Plan, evitando así
mayores fustraciones a las mujeres.
Que el estudio del impacto de género sea obligatorio en
cualquier política pública.
Como tema emergente: Prevenir la violencia contra las mujeres desde la
escuela, mediante formación, asesoramiento y recursos para los
Departamentos de Orientación y Tutores, así como a los Sercicios
Sociales y Salud.
7. Mujer y salud
La Plataforma de Acción de Beijing declara formalmente el derecho de las
mujeres a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y
mental; entendiendo la salud como un estado de pleno bienestar físico,
mental y social; incluyendo así el bienestar emocional, social y físico de
las mujeres y siendo determinada por el contexto social, político y económico
en que se vive, así como por las características biológicas.
Al constatar que gran mayoría de las mujeres no goza ni de salud ni de
bienestar (y siendo uno de los principales obstáculos para lograr el máximo
grado posible de salud para las mujeres la desigualdad tanto entre mujeres y
hombres como entre mujeres de distintas regiones geográficas, clases
sociales y grupos indígenas y étnicos) la Plataforma considera
imprescindible asegurar el derecho de todas las mujeres a disfrutar del más
alto nivel posible de salud durante todo su ciclo vital en pie de igualdad
con los hombres. De esta manera, desde la Plataforma se reclaman, entre
otros aspectos, el incremento del acceso de las mujeres durante toda su vida
a servicios de atención a la salud, a la información y los servicios
relacionados adecuados, asequibles y de calidad; el fortalecimiento de los
programas de prevención para mejorar la salud de las mujeres; emprender
iniciativas no sexistas para hacer frente a las enfermedades de transmisión
sexual, el virus del VIH/SIDA y otras cuestiones de salud sexual y
reproductiva; promover la investigación y la difusión de información
sobre la salud de las mujeres; y aumentar los recursos y realizar el
seguimiento de la salud de las mujeres.
Estas recomendaciones de la Plataforma de Acción quedan en el documento
presentado por el Gobierno fuertemente desnaturalizadas; siendo tal vez el
mejor ejemplo el que se refiere a la salud reproductiva. Si la Plataforma
declara el derecho de las mujeres a ejercer el control y decidir libre y
responsablemente sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su
salud sexual y reproductiva, libres de coerción, discriminación y
violencia, el documento del Gobierno se limita a hablar del derecho a la
obtención de información y al acceso a métodos de planificación
familiar; de esta manera una de las conquistas más importantes obtenidas en
Beijing es reducida al simple derecho a la información. Otras cuestiones
que muestran un amplio déficit en el documento del Gobierno son el acceso a
los servicios, manifiestamente desigual ya que no todas las mujeres pueden
acceder en las mismas condiciones a las prestaciones sanitarias en los
aspectos de salud sexual y reproductiva (IVE, anticonceptivos, servicios de
planificación familiar) y salud mental (anorexia, bulimia, malestar de las
mujeres, depresiones, demencias seniles, psicoafectivas...); el ajuste de la
calidad de los servicios a las demandas reales; la promoción de las mujeres
que trabajan en el ámbito de la salud; y las recomendaciones que desde la
Plataforma de Acción se hacen en torno a la necesidad de establecer
programas y servicios que incluyan campañas en los medios de comunicación
que se ocupen de la prevención, detección y tratamiento del cáncer de
mama y otras enfermedades.
Por todo ello reclamamos:
- La necesidad de acomodar la estructura sanitaria a las demandas de las
mujeres (anorexia, bulimia, alzheimer, salud mental, SIDA-VIH, etc.) con
personal técnicamente preparado.
Que el soporte del cuidado de la salud en el ámbito familiar no
recaiga en las mujeres exclusivamente, por lo que se deben crear
servicios sanitarios y de apoyo. En este sentido manifestamos nuestra
alarma acerca de que la implicación de los servicios se traduzca en una
reducción de las partidas presupuestarias y en la privatización,
haciendo así precaria la situación de las trabajadoras de estos
servicios.
Que las políticas y medidas sanitarias aseguren la atención a la
salud de todas las mujeres incluyendo a todas las mujeres inmigrantes,
independientemente de que su situación sea legal o ilegal.
Que se cumplan los acuerdos en materia de cooperación internacional
destinando un mayor porcentaje de la ayuda oficial al desarrollo a los
programas de educación y salud de las mujeres.
8. Mujer y medios de comunicación
La Plataforma de Acción de Beijing reconoció el impacto que los medios de
comunicación tienen en las políticas estatales, las actitudes
personales y el comportamiento de niñas y niños, y de los jóvenes
particularmente; por eso no deja de sorprender la atención mínima que
el Gobierno demuestra en su documento por este área. Entre las ocho
actuaciones previstas en el III Plan de Igualdad sobre el área de Medios de
Comunicación no encontramos ninguna que recoja alguna actuación acerca de
la publicidad no sexista, que sólo se menciona en relación a la
Administración central del Estado, y ello pese a la recomendación explícita
de la Plataforma de suprimir la proyección constante de imágenes
negativas y degradantes de las mujeres. Baste como ejemplo un reciente
estudio en el que se demuestra que alrededor del 70% de los anuncios de
juguetes muestran contenidos sexistas.
A pesar de la manifiesta importancia del área, los planteamientos de la
Plataforma de Acción de Beijing no han sido tenidos en cuenta en el
documento del Gobierno mas que de forma superficial y sin que se demuestre
ningún interés real por el tema.
9. Mujer y el medio ambiente
Los acuerdos de actuación con relación al objetivo 6.1 ("fomentar la
participación activa de las mujeres en los programas de medio ambiente
del") del III Plan para la Igualdad de Oportunidades aprobado por el
gobierno español en marzo de 1997 han sido ampliamente incumplidos.
Según el gobierno, en de junio de 1998 se habían llevado a cabo el 33%
de los objetivos mediante la realización de cinco cursos de Gestión
Ambiental, cinco cursos de Residuos Urbanos y un curso más de Gestión
Ambiental desarrollado en colaboración con la Escuela de Ingenieros
Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid y cuya duración fue
de 200 horas.
En la respuesta del gobierno español al cuestionario de División de la
ONU para conocer el avance de las mujeres en cuanto a la implementación de
la Plataforma de Acción de Beijing en el área de "mujer y medio
ambiente", desde el punto de vista de la Plataforma, observamos que
pese a que el objetivo de esta área es fomentar la participación activa de
las mujeres en los programas de medio ambiente, promoviendo el uso racional
de los recursos y el consumo y la utilización de tecnologías y métodos de
producción respetuosos con la naturaleza, el medio ambiente tiene escasa
importancia para el gobierno y refleja un incumplimiento importante de los
objetivos del III Plan para la Igualdad de Oportunidades.
Por todo ello, desde la Plataforma, queremos resaltar nuestra preocupación
en relación a los siguientes problemas:
- No se ha hecho llegar a las mujeres ninguna información para que como
consumidora conozca mejor los productos, su relación con las tecnologías
limpias, su relación con la salud familiar y ambiental y su relación
con el desarrollo sostenible.
;No conocemos actuaciones en con el impulso a participar en la
recuperación de espacios urbanos, ni rurales; por lo que las mujeres
tampoco hemos podido acceder al conocimiento acerca de cómo se puedan
implementar dichas acciones.
Respecto a la incorporación de las asociaciones de mujeres a los
niveles de decisión, desgraciadamente y a pesar de que la titular máxima
responsable en nuestro país es una mujer, este nombramiento no ha
producido los efectos en cascada deseables para facilitar el acceso de
las mujeres a la toma de decisiones. Por lo tanto, tampoco se ha
producido este efecto en la "organización del territorio" ni
en la "planificación urbana", a pesar de existir un
reconocimiento de la necesidad de tener en cuenta, al menos, el punto de
las mujeres en estas materias.
Con relación a la formación, si bien se han desarrollado algunas
acciones aisladas, resulta a todas luces insuficiente por cuanto la
mayoría de las mujeres desconoce cualquier dato relacionando nuevas
tecnologías con medio ambiente.
Aunque a las mujeres se nos impulsa hacia la creación de pequeñas y
medianas empresas, que habitualmente son menos contaminantes, no tenemos
constancia tampoco de que se haya puesto en práctica ningún servicio
de asesoramiento técnica en esta materia.
Lo primero que necesitamos las mujeres es información relacionada con
conceptos tan arraigados en el lenguaje actual como el "desarrollo
sostenible" y desconocemos la existencia de campañas informativas
en este sentido.
En cuanto al fomento de la participación de las mujeres en
actividades relacionadas con el turismo ecológico, aunque se haya
trabajado en este sentido con las mujeres rurales, no parece haberse
incluido la perspectiva medioambiental que es una exigencia para el
mantenimiento del medio ambiente.
Queremos resaltar finalmente, el grave incumplimiento en materia
medioambiental de los objetivos del III Plan para la Igualdad de
Oportunidades que supuestamente en nuestro país introduce los compromisos
adquiridos con la Plataforma para la Acción de la IV Conferencia Mundial de
las Mujeres de Beijing. Podemos afirmar que en España, ni las personas más
relacionadas con el medio ambiente como son las mujeres rurales, ni aquellas
que habitan en el medio urbano, ni tampoco las potenciales empresarias,
consumidoras o activistas mediambientales, están recibiendo la información
ni la formación necesarias para poder colaborar en la labor de hacer más
habitable el planeta tierra.
10. Mujer y conflictos armados
El área de Conflictos Armados fue recogida en la Plataforma de Acción de
Beijing por ser unos de los obstáculos más relevantes que impiden el
avance de las mujeres hacia la igualdad y el disfrute pleno de los Derechos
Humanos. Entre los objetivos estratégicos que se contemplan en la
Plataforma destacamos los siguientes:
- Incrementar y fortalecer la participación de las mujeres en la solución
de los conflictos y en el proceso de toma de decisiones y protegerlas en
las situaciones de conflictos armados y de otra índole y a las que
viven bajo ocupación extranjera.
Reducir los gastos militares excesivos y limitar la disponibilidad de
armamentos.
Promover formas no violentas de solución de conflictos y reducir la
incidencia de las violaciones de los derechos humanos en las situaciones
de conflictos.
Promover la contribución de las mujeres al logro de una cultura de
paz.
Proporcionar protección, asistencia y capacitación a las mujeres
refugiadas y desplazadas que necesiten protección internacional, así
como a las desplazadas itinerantes.
Proporcionar asistencia a las mujeres de las colonias y de los
territorios no autónomos.
Nosotras constatamos que no se han cumplido ninguno de los objetivos
estratégicos contemplados en la Plataforma de Acción de Beijing. El
documento presentado por el Gobierno para responder al cuestionario de la
ONU se limita a citar el área de Conflictos Armados en una reseña final
del mismo. Por ello, sería recomendable y deseable que, entre otras
medidas, se introdujese la perspectiva de Género en la Ley de Asilo y
Refugio para así garantizar la igualdad de trato con los hombres respectos
a los procedimientos de determinación del estatuto de refugiada y la
concesión de asilo; y no dejar fuera de la jurisdicción crímenes contra
las mujeres amparándose y justificándose en normas religiosas, culturales
y familiares.
11. Derechos humanos de las mujeres
El área de los Derechos Humanos de las Mujeres ha desaparecido del
documento presentado por el Gobierno para responder al cuestionario de la
ONU. El documento no la contempla como específica al estar incluida ímplícitamente
en el resto de las áreas y al actuar los Derechos Humanos de las Mujeres
como principio rector de cada una de las medidas adoptadas. Aunque esto es
en parte cierto, nosotras creemos que sería necesario, y no reiterativo,
entresacar de cada área las medidas propuestas para promover y proteger
todos los derechos humanos de las mujeres y resaltarlas en un apartado
propio dada su importancia. Por otro lado mantenemos que hay una grave
deficiencia en la transversalidad de este tema y más concretamente en la
aplicación y adaptación de los Derechos Humanos de las Mujeres a la
singularidad de cada uno de los colectivos de mujeres.
Desde esta perspectiva los objetivos de la Plataforma de Beijing siguen
vigentes:
- Asegurar la plena implementación de los derechos humanos de las
mujeres y de las niñas como una parte inalienable, integral e
indivisible de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
Fortalecer y apoyar la aplicación de todos los instrumentos de
derechos humanos para combatir los problemas enunciados en la Plataforma
( tráfico de mujeres y niñas, la explotación sexual, la violencia de
todo tipo, para combatir la pobreza, la marginación y la falta de
acceso a la salud, a la educación, al empleo y a los recursos, incluido
el derecho al desarrollo) mediante la cooperación internacional.
Dar prioridad a la promoción y protección del disfrute pleno y en
condiciones de igualdad entre mujeres y hombres de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales, sin distinción de ningún tipo
en cuanto a raza, color, sexo, lengua, religión, opiniones políticas o
de otra índole, orígenes nacionales o sociales, propiedad, nacimiento
u otra condición.
Adoptar medidas urgentes para combatir y eliminar la violencia contra
las mujeres que constituye una violación de los derechos humanos
derivada de prácticas perjudiciales relacionadas con la tradición o la
costumbre, los prejuicios culturales y los extremismos.
Garantizar la igualdad y la no discriminación ante la Ley y en la práctica
del derecho
Estos presupuestos firmados en Beijing han sido incumplidos por el
Gobierno en la actual reforma de la Ley de Extranjería. La contrarreforma
del Gobierno a la Ley recoge más el concepto restrictivo de la Normativa de
Migración de la Unión Europea que las resoluciones de Beijing. Frente a
estas actuaciones, nosotras proponemos:
- Reformar la Ley de Extranjería en pro de la integración social de
las mujeres y hombres inmigrantes y garantizar la protección de sus
Derechos Humanos. Y a su vez proporcionar protección, asistencia y
capacitación a las mujeres refugiadas, inmigrantes o desplazadas.
Asegurar la plena implementación de los Derechos Humanos, no dejando
fuera de la jurisdicción los crímenes contra las mujeres que se
amparan y justifican en normas religiosas, culturales y familiares.
12. Niñas
El Instituto de la Mujer, en su Informe remitido a la División para el
Adelanto de la Mujer -NN.UU.- sobre la aplicación de la plataforma de
Beijing, no ha dado un tratamiento específico al área referida a las NIÑAS.
Hecho que contradice el principio de la Convención sobre los Derechos del
Niño/a, adoptada por NN.UU., el 20 de Noviembre de 1989, y supone un
incumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing/95. Nosotras creemos
que los problemas de las niñas no pueden sólo resolverse de manera
transversal. En este mismo sentido mantenemos que la omisión del colectivo
niñas es algo que cabe catalogar como maltrato institucional y que por lo
tanto la primera reclamación es que las administraciones públicas
visibilicen a las niñas.
Desde este planteamiento los objetivos y medidas acordados en Beijing
siguen vigentes:
- Eliminar todas las formas de discriminación contra las niñas.
Eliminar las prácticas y actitudes culturales negativas contra las niñas
Promover y proteger los derechos de las niñas y promover el
reconocimiento de sus necesidades y posibilidades.
Eliminar la discriminación contra las niñas en la educación en el
desarrollo de capacidades y en la formación profesional.
Eliminar la discrimanción contra las niñas en el ámbito de la salud
y la alimentación
Eliminar la explotación económica del trabajo infantil y proteger a
las niñas que trabajan
Erradicar todas las formas de violencia, de explotación sexual y
laboral, las violaciones y el incesto, y evitar el abandono de la
escuela, el matrimonio y la maternidad en edades tempranas y promover y
proteger los derechos de las niñas.
Educar a las niñas para favorecer su participación en la vida
social, económica y política
Fortalecer la función de la familia en cuanto a la mejora de la
situación de las niñas
Es nuestro deber afirmar que las niñas constituyen un sujeto de
derechos, que las niñas tienen derecho a la participación directa, sin
discriminación respecto a los niños. El Gobierno no ha desarrollado
ninguna política dirigida a la protección de los derechos de las niñas y
a la promoción del reconocimiento de sus necesidades y posibilidades, por
todo ello denunciamos:
- La inexistencia de indicadores sociales, con contenido de género. Un
análisis "general", no desagregado por sexos, es una
información sesgada, que no permite identificar las desigualdades,
haciendo invisibles los problemas que afectan específicamente a las niñas.
La escasa dotación de medios que reciben los programas de
"Coeducación" en las escuelas para su puesta en práctica de
manera efectiva.
La reproducción en las escuelas de los valores patriarcales, que
someten a las niñas al dominio de los niños.
Frente a estas denuncias, nosotras proponemos los siguientes objetivos y
medios:
- La adopción de medidas que promuevan la protección socio-cultural de
las niñas.
- La adopción de medidas para la erradicación de todas las formas de
explotación sexual de las niñas (Prostitución infantil, pornografía
infantil, tráfico de menores), debiendo impulsar para ello medidas
legislativas y policiales, y políticas de prevención, de recuperación
y reinserción social de las víctimas.
- La eliminación del trabajo infantil (niñas utilizadas para la
mendicidad, en economía sumergida, en negocios familiares, etc)
- Promover el derecho de las niñas a recibir una educación no sexista
( sin la presión de tener que comportarse según estereotipos
predeterminados), y a recibir una educación suficiente que les permita
acceder a su desarrollo individual y social, y a tener en el futuro una
independencia económica. Por ello proponemos la formación específica
en materia de género de todos los profesionales que traten con niñas
(personal educador, sanitario y servicios sociales).
- Crear indicadores de género que nos digan cual es la realidad específica
de las niñas.
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